En un artículo publicado por Deia señalan que gobernantes y representantes políticos "no deben dejar que se malogre ninguna oportunidad" para lograrla. Dicen que "no es justo ni admisible que se menosprecie la declaración de alto el fuego de ETA poniendo por encima de la construcción de la paz intereses partidistas o políticos".
El grupo de religiosos también indica que "aquel que obstaculiza la participación en política muestra una voluntad dudosa por la paz y, al contrario, quien está a favor de la paz abre a todos la puerta para entrar en la dinámica política". No obstante, este grupo de religiosos nada dice de las víctimas del terrorismo, cuyos familiares muertos, amputados o con secuelas suponen ya una dolorosa cesión durante tantos años.
Aún así, el grupo pone de manifiesto que ETA "debe la paz" al pueblo vasco y señala que el abandono de la violencia, "además de una exigencia ética básica, supone un paso firme hacia la paz y conlleva abrir el camino de la política". En cualquier caso, el comunicado de ETA que sirve de excusa a este grupo de religiosos para pedir diálogo, negociación e integración política de "todas las sensibilidades", es más de lo mismo. Otro pronunciamiento en el que no renuncia a nada y sigue exigiéndolo todo.
Con todo, a su juicio, ETA "no se debe erigir en tutor del pueblo ni colocarse por encima de la voluntad de paz del pueblo. No debe volver a sumir en la frustración a la sociedad vasca".
Los firmantes del artículo abogan por el diálogo para alcanzar "la paz" e indican también que ésta "tiene que ver con el respeto a los derechos humanos". Señalan que "para que la paz siga su curso es también imprescindible que la policía respete en todo momento los derechos humanos de los detenidos". Nada dice de los derechos de las víctimas del terrorismo, de esos hombres mujeres y niños a los que esos terroristas para los que reclaman el respeto de sus derechos humanos, segaron la vida.
El grupo de religiosos opina que "al tiempo del abandono de la violencia por parte de ETA, la paz en el pueblo vasco exige el reconocimiento de la existencia de un conflicto político y que las partes vinculadas en el conflicto diseñen y consensúen un nuevo acuerdo político" sin excluir ninguna opción política y mediante el respeto a "la voluntad mayoritaria del pueblo, sin vetos a nadie".