L D (Agencias) En su primera interpelación al Gobierno en esta legislatura, Rosa Díez, vinculada a movimientos amenazados por ETA como Basta Ya!, defendió que el fenómeno de victimación por terrorismo "excede con mucho" la definición recogida en la legislación vigente. De hecho, añadió que en la comunidad vasca y Navarra, comunidades en las que ETA tiene más peso, las situaciones de victimación "van más allá" de la supervivencia a un atentado o la relación familiar directa con una víctima mortal, como, citó, fue el caso de José Luis López de Lacalle o Isaías Carrasco.
Según destacó, ETA lleva muchos años practicando y planificando "de modo sistemático" diversas modalidades de extorsión y persecución a colectivos y ciudadanos, especialmente vascos y navarros. "¿Cómo no considerar víctimas del terrorismo a quienes sufren estas formas de agresión aunque no hayan sido víctimas de atentados terroristas?", se preguntó la líder de UPyD.
Por ello, Díez arengó al titular de Interior para que el Gobierno "reconozca la realidad" y "trate de gobernarla" realizando, a través de las modificaciones legales necesarias, un reconocimiento "ético y moral" a todas aquellas víctimas "vivas" de la organización terrorista. "Es de justicia reconocerlo", apuntó.
En su réplica, Rubalcaba reafirmó la voluntad del Ejecutivo de proceder a la revisión de la Ley de Víctimas del Terrorismo aprobada en 1999 al objeto de "perfeccionarla y completarla", tal y como comentó ayer durante la Comisión de Interior en el Congreso, y no descartó que se puedan incluir en el debate algunas de las valoraciones planteadas por la ex eurodiputada socialista.
Amplio margen de flexibilidad
Eso sí, antes quiso dejar claro que la legislación vigente "no ha limitado" el concepto de víctimas del terrorismo, lo que, según precisó, ha dado "un amplio margen de flexibilidad" a la Administración a la hora de interpretarlo y establecer las indemnizaciones correspondientes. Es más, el ahora biministro defendió que su departamento ha tratado de cubrir el máximo número de supuestos "aprovechando que no hay una regulación estricta" en este sentido.
Frente a esto, Díez agradeció el compromiso del Gobierno de estudiar su planteamiento, si bien le corrigió que no ha querido plantear esta cuestión desde una perspectiva económica, sino más bien el objetivo del mismo es conseguir que se realice un reconocimiento político de una realidad "que no se puede negar": que hay miles de ciudadanos que son víctimas vivas del terrorismo etarra.
Nadie puede estar en desacuerdo
En su dúplica, el ministro del Interior confesó no haber entendido inicialmente el objetivo que la representante de UPyD perseguía con esta iniciativa, a la que criticó por su falta de concreción. No obstante, dijo coincidir con las palabras pronunciadas por Díez en la tribuna. "El alegato que ha hecho lo podríamos hacer todos los que estamos en esta Cámara con más o menos cercanía o con más o menos experiencia, y suscribiríamos punto por punto sus palabras –indicó Rubalcaba–. Nadie puede estar en desacuerdo".
Dicho esto, el responsable de la cartera de Interior animó a Díez a que plantee este criterio en el momento de la revisión de la Ley de Víctimas de Terrorismo porque, enfatizó, "va a contar incluso con el apoyo del PP".