El juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha reiterado la comisión rogatoria cursada el 17 de febrero pasado a las autoridades francesas por el magistrado titular de este Juzgado, Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente, para conocer las llamadas realizadas por el dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosúa, desde el que se produjo un chivatazo a ETA, según informaron fuentes jurídicas.

Ruz ha accedido así a la petición cursada por la asociación Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular en la causa que investiga el supuesto chivatazo a la banda terrorista, y ha insistido en la petición a través de los jueces de enlace de España y Francia.

El colectivo de víctimas había solicitado el pasado 16 de junio al juez decano de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que se encontraba al frente del juzgado de Garzón de manera provisional, que reactivara la comisión rogatoria, después de cuatro meses sin haber recibido respuesta de Francia.

Con esta primera diligencia y una semana después de ocupar el despacho de Garzón, Ruz asume una de las causas que quedaron pendientes tras la marcha del juez, suspendido cautelarmente de sus funciones el pasado mes de mayo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela le abriera juicio oral en la causa por prevaricación que sigue en su contra por declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.

Cuatro meses sin respuesta

Después de la marcha de Garzón, el colectivo de víctimas presentó un escrito ante Pedraz en el que recordaba que, "habiendo transcurrido cuatro meses de dicha petición a las autoridades judiciales francesas, no se ha obtenido ni respuesta ni remisión alguna de la documentación solicitada".

Por eso, Dignidad y Justicia solicitaba al magistrado que procediera a reiterar la comisión rogatoria dirigida al Tribunal de Gran Instancia de París, "dado el tiempo transcurrido desde la primera", y a tenor de que esta situación "no hace sino tener paralizado el presente procedimiento".

¿Por qué se suspendió la operación?

Con la comisión rogatoria cursada en febrero, Garzón preguntaba a las autoridades francesas por las razones que motivaron que el 4 de mayo de 2006, día en que se habría producido el chivatazo, se suspendiera la actuación policial prevista contra el aparato de extorsión de ETA.

También quería saber "si se realizó en su momento investigación o análisis de las llamadas" que podrían haber hecho tanto Elosúa como el presunto etarra José Antonio Cau Aldanur, en caso de que sus teléfonos estuvieran intervenidos, así como desde la cabina de teléfono situada junto al bar Faisán, que habría sido utilizada por el primero.

El juez también reclamó copia de las transcripciones y observaciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau Aldanur en esta investigación, en caso de que se hubieran elaborado, y de todas aquellas actuaciones practicadas por Francia en relación con este procedimiento.

Tres mandos policiales imputados

En febrero pasado, Garzón también encargó por orden de la Sala de lo Penal al Cuerpo Nacional de Policía que le informara sobre si la cabina telefónica situada junto al Faisán estaba intervenida judicialmente y si constaba alguna llamada realizada por Elosúa y dirigida a Cau Aldanur, al que se considera el enlace de la banda para el cobro de la extorsión.

La investigación está paralizada desde el día 17 de febrero pasado, cuando el jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo, Carlos G., apuntó al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración.

Carlos G., autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava, declaró durante casi dos horas ante Garzón después de que la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".

El agente, que mantiene su condición de testigo en este procedimiento, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.

El fiscal del caso, Carlos Bautista, solicitó el 5 de octubre de 2009 el sobreseimiento provisional de la causa, al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.

Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar Faisán de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.