Es el juez más mediático, el más famoso y, también, el más cuestionado. Es Baltasar Garzón. Ahora más que nunca, su titularidad al frente del juzgado de instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional podría tener los días contados si prospera alguno de los distintos frentes que la Justicia mantiene abiertos en estos momentos contra él.
Este jueves salía a la luz pública que Garzón podría haber incurrido en una falta disciplinaria muy grave por inobservancia del deber de abstención. El motivo es que el banco Santander patrocinó los cursos que el juez impartió en la Universidad de Nueva York durante los años 2005 y 2006 y que, a posteriori, el instructor no se abstuvo a la hora de decidir sobre una querella que se interpuso contra uno de sus altos cargos en su partida judicial.
Tras conocerse estos hechos, los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea presentaron este jueves una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial donde piden su suspensión cautelar.
De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre 1 mes y 3 años (a partir de 6 meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso. Previamente, los letrados ya han presentado una querella contra el instructor por un delito de prevaricación aunque, de momento, el Supremo no la ha admitido a trámite.
Las escuchas del Gürtel
Sin embargo, no es el único asunto que tiene el magistrado tiene pendiente ante el Alto Tribunal. El pasado día 9, uno de los abogados del caso Gürtel, Ignacio Peláez, defensor del empresario José Luis Ulibarri, presentó otra querella en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional por ordenar "escuchas ilegales" cuando su defendido se encontraba en prisión.
El magistrado dictó una resolución secreta el 19 de febrero -siete días después de la detención de los principales implicados en la trama- en la que acordaba la intervención de las comunicaciones orales y escritas entre los abogados y sus clientes.
La acción del juez que salió a la luz una vez se levantó parte del secreto de sumario que investiga la trama de corrupción. Entonces, los abogados afectados denunciaron haber sido objeto de "escuchas ilegales" por parte de Garzón y apuntaron a los delitos de prevaricación y de violación de las garantías constitucionales en el intervención de sus comunicaciones. El letrado sostuvo que el juez grabó "de forma ilegal e ilícita" sus conversaciones con su defendido, lo que, a su juicio, vulnera sus derechos fundamentales como "el derecho a la intimidad en las comunicaciones y el libre ejercicio del derecho de defensa".
Según han señalado fuentes jurídicas, en caso de que declare culpable a Garzón por el caso de las escuchas lo más probable sería que se procedises la nulidad de las mismas y que no se condenase al juez.
Imputado por prevaricación
A estas dos querellas se suma una tercera que le hizo el pasado 9 de octubre afrontar su declaración más amarga. Fue en calidad de imputado por un delito de prevaricación, a raíz de la querella interpuesta por el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. El motivo la causa general que abrió a la Guerra Civil y el franquismo con la oposición manifiesta del Ministerio Fiscal.
El delito de prevaricación, tipificado en el artículo 446 del Código Penal, consiste en dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son. Ahora, la clave está en si el Supremo decide archivar la causa o proseguir con la misma. Si finalmente se abre un auto de procesamiento contra Baltasar Garzón, el Alto Tribunal lo debería poner en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. Éste según lo orden el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tendría que proceder a su suspensión cautelar. Es decir, a apartarlo del juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional.
A estas alturas, lo que nadie niega ya, ni su círculo más cercano, es que su reputación y profesionalidad se han visto mermadas.