LD (Europa Press) La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado durante su intervención en un desayuno informativo que la Abogacía del Estado se personará en el caso Cacería "si hay perjuicio para el Estado". En este sentido, explicó que está pendiente un informe de la Agencia Tributaria para saber hasta dónde podría extenderse "ese perjuicio en función de supuestos delitos de tipo fiscal".
María Teresa Fernández de la Vega realizó estas afirmaciones en el coloquio posterior a la conferencia, a la que acudieron, entre otras personalidades, nueve ministros del Gobierno: la vicepresidenta segunda, Elena Salgado; el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el de Educación, Angel Gabilondo; el de Industria, Miguel Sebastián; la de Vivienda, Beatriz Corredor; la de Igualdad, Bibiana Aído; la de Cultura, Angeles González-Sinde; la de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez y la de Ciencia y Tecnología, Garmendia.
También acudieron numerosos miembros de la Ejecutiva del PSOE, entre los que destaca la secretaria de Organización, Leire Pajín.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado traslado a la Abogacía del Estado para que se persona en el caso Cacería, en el que se investiga la presunta corrupción de una trama de empresas con administraciones gobernadas por el PP. Al ser preguntada si ya se ha adoptado una decisión sobre si el Estado se personará o no, De la Vega respondió que aún no se ha decidido.
"Es verdad que se ha dado traslado", admitió, pero añadió que aún no se ha tomado una decisión "que yo sepa" ya que, argumentó, lo tiene que analizar desde el punto de vista técnico el Abogado del Estado, "que es el que va a conocer directamente las actuaciones".
Sin embargo, quiso dejar claro que "si hay perjuicio para el Estado, el Abogado del Estado se personará y defenderá los intereses del Estado".
Sobre la fecha en la que pueda personarse, De la Vega expuso que será cuando "procesalmente tenga los datos que avalen que ese perjuicio se ha producido". Además, insistió en este sentido y pidió que no se tenga "ninguna duda" de que "el Abogado del Estado defenderá los intereses del Estado".
También explicó que se está pendiente de un informe de la Agencia Tributaria para conocer "los extremos a los que podría extenderse ese perjuicio en función de supuestos delitos de tipo fiscal y actuaremos como hemos actuado siempre en defensa de los intereses generales, de los intereses del Estado y la Abogacía del Estado lo hará en el momento procesal oportuno".