L D (Europa Press) Consideran que algunas de sus actividades, como la cacería que compartió con Garzón, pueden ser contrarias a varias "normas del ordenamiento jurídico".

Así lo anunció esta tarde la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, quien justificó la presentación de esta solicitud por la "gravedad" de las actividades de Bermejo y la "confusión" que está generando en lo que se refiere a la separación de poderes, la imparcialidad y la independencia judicial.

El PP basa esta acusación en primer lugar, en el hecho de que Bermejo compartiera cena y cacería con Garzón, con el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, y con una fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, "el mismo fin de semana" en el que empieza a "filtrarse" el sumario sobre la presunta trama de corrupción relacionada con el PP que instruye Garzón.

Incumplimiento de las leyes de caza

Además, Sáenz de Santamaría achacó al ministro un "flagrante incumplimiento de la leyes de caza" que, según dijo, parece que "rigen para todos los cazadores españoles, menos para el ministro de Justicia". Así, destacó que el propio Bermejo ha reconocido que practicó esta actividad en la finca toledana de Quintos de Mora (Toledo), perteneciente a Patrimonio Nacional, y que cazó sin licencia en la provincia de Jaén hace dos fines de semana, en la montería en la que también participó Garzón.

De hecho, remarcó que la Junta de Andalucía ya ha abierto un expediente informativo para estudiar el asunto, que puede ser constitutivo de una infracción grave y que podría costarle a Bermejo entre 600 y 4.000 euros y la inhabilitación para obtener la licencia en un largo periodo de tiempo. "El ministro que jura y promete cumplir y hacer cumplir la ley ha sido responsable de una infracción legal grave", sentenció.

Asimismo, la dirigente popular insistió en que Bermejo ha incumplido varios preceptos del Código de Buen Gobierno, aprobado precisamente hace cuatro años, y que él mismo ha admitido que acudió invitado a algunas cacerías, es decir, que aceptó "regalos o privilegios".

Ccontra el derecho al honor y la intimidad

"Todos estos hechos alteran profundamente la calidad de la democracia y el Estado de Derecho primero, por la confusión de poderes a que da lugar, segundo, porque pone en entredicho la independencia e imparcialidad judicial y, unido a ello, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que tiene cualquier español además de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen", resumió Sáenz de Santamaría.

El PP propone que el Congreso investigue estos asuntos durante un plazo máximo de dos meses y que la iniciativa se someta a votación "cuanto antes" en el Pleno. No obstante, la portavoz rehusó avanzar los nombres de los comparecientes que propondrá el PP si el iniciativa sale adelante y se limitó a señalar que citarán "a los principales afectados" y a quienes "por su cargo" hayan podido "tener conocimiento de las infracciones" que se hayan podido cometer.

La dirigente popular señaló que hablará con el resto de grupos parlamentarios para conocer su opinión acerca de esta solicitud, que esperan que se ponga en marcha lo antes posible por "lo urgente y perentorio" del caso. Además, dijo tener la sensación que de que puede ser "bien acogida" porque tiene que ver con la "calidad democrática".