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Trinidad Rollán, número dos del PSM, condenada a ocho años de inhabilitación

La justicia madrileña condena a 8 años de inhabilitación a la número dos del PSM, Trinidad Rollán.

Trinidad Rollán. Mano derecha de Tomás Gómez y condena por prevaricación. | EFE
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Libertad Digital/ agencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la "número dos" del PSM, Trinidad Rollán, a ocho años de inhabilitación especial por prevaricar en 2001 en Torrejón de Ardoz, municipio del que era alcaldesa en ese momento.

El Alto Tribunal ha impuesto la misma pena a los concejales Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán. El TSJM también ha condenado a ocho años de inhabilitación a Esperanza Rozas, Francisco Martín Rojas, Julia López Jiménez, María del Mar González Romero, Josefina Ginovart Amorós, María de los Desamparados Gallego Alfaro y Francisco Montero Almirón, imputados en la causa.

Los hechos delictivos que refleja la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, compuesta por los magistrados Francisco Javier Vieria (presidente), Emilio Fernández y María Luaces Díaz de Noruega, sostiene que la ex alcaldesa socialista y sus concejales firmaron un convenio urbanístico ilegal que consistía en que el Ayuntamiento cedía unos terrenos a la empresa Patrimonio Siglo XXI que se comprometía a sufragar la urbanización del terreno.

Este convenio se aprobó en el pleno municipal que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2001 con los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y del interventor general de la localidad. Posteriormente, en diciembre de 2006, fue anulado por la Sección Primera de la Sala Contencioso Adminsitrativa del TSJM por no ser conforme al ordenamiento jurídico.

Una permuta "ridícula"

En realidad, el acuerdo del Gobierno local consistía en "entregar el dominio de una parcela de su propiedad y, a cambio, conseguía, además de una suma de dinero, convertir en urbano otro terreno que ya le pertenecía de antemano". A esta fórmula, denominada por el tribunal como "peculiar contrato o negocio" se le dio el nombre de "permuta", siendo en opinión de los magistrados "no solo un dislate, un desatino o una aberración desde la más laxa o tocas de las valoraciones jurídicas posibles, sino que incluso, resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común y siempre que medite brevemente sobre el contenido de la operación".

Según reza la sentencia, "aparece de este modo con toda nitidez la realidad de una maniobra tan ilícita como burda y rudimentaria, poniéndose de manifiesto que tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica que los encausados se habían obligado a respetar cuando accedieron al cargo del que abusaron".

"Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta salsa debe considerar como una farsa pseudo-jurídica inconsciente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica", añade la resolución judicial.

Este proceder por parte de la mano derecha de Tomás Gómez, Trinidad Rollán -entonces alcaldesa del municipio madrileño- y sus excolegas de Consistorio suponen para el TSJM un claro delito de prevaricación, consistente en adoptar una decisión o el pronunciamiento de una resolución injusta.

Por su parte, el PSM ya ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.

Durante el proceso, Rollán recalcó que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.

"En el momento de votar, no tenía elementos que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.

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