Según informa El Confidencial, esta información se conoció de manera casual en el curso de las investigacioens del chivatazo a ETA. En concreto, durante la comparececia de uno de los dos policías que investigaron la filtración del bar Faisán ante el juez Baltasar Garzón.

El descubrimiento del papel que el director de la Policía tuvo durante las conversaciones Gobierno-ETA tiene su arranque con la detención de los etarras Jon Iurrebaso, y su chófer y guardaespaldas Kepa Suárez, en 2007 tras saltarse un control policial en la localidad de Périgueux.

Iurrebaso acudía a reunirse con un interlocutor del Gobierno español, para sondear la posibilidad de retomar "el proceso de paz", cuando ETA ya había detonado la bomba del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2007.

Por ello, cuando el terrorista fue detenido por los agentes franceses, se identificó como interlocutor de ETA y ofreció a los policías varios números de teléfono que le habían facilitado para que los mostrara a modo de  salvoconducto si tenía algún problema. El etarra pidió a los gendarmes que telefonearan para comprobar que lo que decía era cierto, petición a la que no hicieron caso.

También ante la jueza francesa Laurence Le Vert, Iurrebaso reiteró su condición del equipo negociador de ETA, y volvió a facilitarle los mismos teléfonos. Uno de ellos terminaba en 190 y correspondía a un operador español. Después se conocería que el otro pertenecía a Christian Lambert, director de las Compañías Republicanas de Seguridad e íntimo colaborador de Nicolás Sarkozy. La magistrada  remitió una comisión rogatoria internacional (CRI) a la Audiencia Nacional para comprobar la veracidad de las declaraciones de Iurrebaso y para que indagara sobre el titular del teléfono en cuestión.

Esta comisión rogatoria fue a parar por reparto al  juzgado central de Instrucción número 1, cuyo titular, Juan Del Olmo, incoó diligencias previas y decretó el secreto de las actuaciones.

Aquí es cuando entra en juego el juez Baltasar Garzón que se disputó con Del Olmo el caso, rifirrafe que finalizó con la cesión de Del Olmo, que se inhibió a favor de Garzón, que por entocnes ya instruía la causa del chivatazo a ETA.

El magistrado desestimó la mayoría de las diligencias solicitadas por las acusacioens, para ahondar en una investigación que él mismo había mantenido en secreto durante tres años. Solo accedió a la elaboración de un dictamen pericial sobre los dos cortes del vídeo en el bar Faisán, y a que prestaran declaración dos de los policías que formaban parte del dispositivo de aquel día.

Estos agentes declararon este lunes, y uno de ellos desveló el misterio en torno al 190 y a la relación de ese teléfono con las negociaciones con ETA, siempre según El Confidencial. El policía manifestó que todo lo relativo al citado número había quedado reflejado en un informe remitido al juzgado, que las acusaciones aseguran no haber visto. El magistrado impidió que el segundo policía ahondara en esta cuestión al considerar que no tiene nada que ver con la causa del chivatazo.