Más de cien abogados y juristas han firmado en El País una declaración en defensa de Diego López Garrido, imputado por prevaricación, y afirman que la querella presentada contra él es un "abuso de la justicia" y "busca su desprestigio político".

La declaración aparece publicada como una página de publicidad en el diario de Prisa y, entre otros, está suscrita por el ex ministro de Justicia Tomás Quadra-Salcedo, el director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales y ex diputado de CiU, Ignasi Guardans, y el catedrático de Derecho del Trabajo Jesús Cruz Villalón.

Los firmantes protestan así por la imputación de López Garrido por un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos por las subvenciones concedidas a la Fundación Alternativas.

En este sentido, aseguran que la asociación Centro Jurídico Tomás Moro -que denunció al secretario de Estado y a la que califican de "ultramontana"- ha presentado "con harta temeridad y abuso de la justicia" una querella "de alto contenido político" que "no tiene fundamento jurídico alguno".

Argumentan que se imputan como hechos delictivos "actuaciones de absoluta legalidad" como son "otorgar subvenciones mediante concurso público, decididas por una comisión oficial, a una fundación sin ánimo de lucro, de acreditada solvencia y dentro de las atribuciones legítimas que corresponden a la Secretaría de Estado".

Los firmantes recuerdan que la Secretaría de Estado para la UE otorga "de forma imparcial" subvenciones parecidas "a varias decenas de entidades al año", en convocatorias públicas "que nunca se han impugnado" y "con el fin encomiable de promover el debate de la UE en España".

Subrayan que la asociación querellante alegó la pertenencia de López Garrido al patronato de la fundación, un hecho que "en sí mismo no constituye impedimento legal alguno" y que además "es falso" porque "dimitió del patronato a los pocos días de ser nombrado" secretario de Estado, "cosa que dicha asociación sabía perfectamente".

Muestran su "plena confianza en la justicia" pero recalcan que la denominación de imputado "produce una lesión injusta al honor de una persona difícilmente reparable".

 Ese -continúa la declaración- es "precisamente" el objetivo del Centro Jurídico Tomás Moro, porque "lo que persiguen es el desprestigio político del secretario de Estado, como si en democracia todo valiera con tal de hacer daño".

Afirman por último que la democracia española "no puede tolerar" que personas como López Garrido, "cuya honestidad personal, competencia política y capacidad profesional están por encima de toda duda, se vean inmersas en tales situaciones a un mes de que españa presida la UE", por lo que expresan su "apoyo, confianza y solidaridad" a su actividad pública.