L D (Agencias) El informe se refiere específicamente a las Cajas de Ahorro y señala que el artículo 117 del Estatuto supone la asunción de una competencia exclusiva, "obviando la del Estado, para establecer las bases en la regulación de las cajas de ahorro o estableciendo una competencia compartida en materias que no la tienen en pie de igualdad con el Estado en materia de inspección, sanción y disciplina".
También cita el artículo 121 del proyecto estatutario y alude a los posibles efectos del establecimiento de competencias exclusivas o de intentar compartir con el Estado la inspección, disciplina y sanción. "A título de ejemplo, la concesión de autorizaciones discrecionales por el Estado en materia de crédito de banca, seguros y mutualidad requiere, si se trata de entidades bajo la competencia de la Generalitat, deliberación e informes previos de una comisión bilateral Estado-Generalitat, o sea, más dificultades que en otros lugares de España".
El informe advierte que el proyecto estatutario se otorga competencias "exclusivas" en la promoción de las actividades económicas que se ejerzan, principalmente, en Cataluña, así como en aquellas "compartidas" que se lleven a cabo mayoritariamente en territorio catalán, "incluida la regulación y la ejecución relativas al control de las concentraciones empresariales". En este sentido, "Atribuye al Tribunal Catalán de defensa de la Competencia el tratar todas las actividades económicas que se lleven a cabo en Cataluña y puedan alterar la competencia", se enfatiza.
Neutralidad en los medios de comunicación
El documento que maneja el PP incide en que el borrador del Estatuto también resulta "intervencionista" en el ámbito del diálogo social, puesto que, en su artículo 44, "fomenta la creación de un espacio catalán de relaciones laborales establecidas en función de la realidad productiva y empresarial específica de Cataluña y de sus agentes sociales, en el cual deben estar representadas las organizaciones sindicales, empresariales y la Administración de la Generalitat".
También denuncia el "intervensionismo" en el ámbito de los medios de comunicación ya que recoger que "los poderes públicos se arroguen una competencia para promover la neutralidad en los medios de comunicación, incluidos los privados, es contrario al pluralismo político. Y así lo ha reconocido el informe del Consejo Consultivo".