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Un juez declara improcedente el despido del supuesto sastre de Camps

Un juez de Madrid ha admitido la demanda por despido presentada por el supuesto sastre José Tomás y ha condenado a la empresa demandada a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.

El juzgado de lo Social número 8 de Madrid ha admitido la demanda por despido presentada por el supuesto sastre José Tomás, que asegura haber hecho trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps, y ha condenado a la empresa demandada a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.

Forever Young, a través de la empresa Castellana Inmuebles y Locales, alegó al despedirle que José Tomás había elaborado facturas falsas que no se correspondían con la realidad, compras a crédito sin cobrar por valor de 60.309 euros, así como un importante número de devoluciones de prendas no justificadas.

En la sentencia queda acreditada la falsedad de algunas facturas, entre ellas algunas emitidas a nombre de Orange Market, una de las empresas ligadas a la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y vinculada a cargos del PP, aunque no ha quedado demostrado que fueran ordenadas por el trabajador despedido.

De hecho, a ninguno de los testigos que testificaron en el juicio les consta que José Tomás diera órdenes respecto al contenido de las facturas, ni que las realizara físicamente, "ni supiera hacerlo". Al menos dos de las facturas que contenían conceptos falsos fueron ordenadas por otro empleado, quien ha reconocido que se elaboraron a petición de los clientes, por cuanto eran "clientes importantes" y "siempre se había hecho así", y sin consultar además con Tomás.

Las facturas falsas se refieren a metros de tela blanca o de tela para tapizar, artículos que no se vendían en las tiendas en las que trabajaba José Tomás, dedicadas a la venta de ropa ya confeccionada.

En la sentencia, el juez considera además que la mayoría de las faltas disciplinarias que alega la empresa han prescrito, y que la carta de despido adolece de una "descripción clara y precisa de los hechos" que se imputan al trabajador, al que se le impidió además acudir a las diferentes tiendas para recabar la información necesaria para su defensa.

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