(Libertad Digital) Según publica ABC, un elevado número de islamistas que ya han cumplido condena, o que han sido absueltos, permanecen en España sin ser deportados por el Gobierno pese a hallarse en situación de ilegalidad. Según los responsables antiterroristas, Al-Qaeda podría beneficiarse de esta situación de cara a atentar tanto en España como en otros países. La situación también existe en el interior de las cárceles, donde funcionarios de prisiones ya han advertido en repetidas ocasiones del proceso de radicalización, existente incluso en delincuentes comunes.

 

Según recoge este domingo ABC, esta situación afecta directamente a un centenar de islamistas procesados y en situación ilegal. De ellos, unos 25 han sido absueltos de delitos relacionados con el terrorismo, y tras prisión preventiva podrían ya ser deportados por carecer de permisos.

 

Paralelamente, otros 72 en libertad bajo fianza esperan para ser juzgados también por actividades terroristas, y podrían ser expulsados una vez éstos respondiesen ante la Justicia por esos delitos pendientes, afirma el diario ABC.

Otros 46 islamistas que aún cumplen sus penas podrían unirse a este grupo. Además, otros 5 a la espera de juicio podrían ser absueltos.

 

El informe de la Red de Investigación Avanzada en Insurgencia y Terrorismo señala otro frente del problema: la radicalización de las cárceles. Lejos de corregir la naturaleza del delito, ésta se refuerza en ellas incluso en aquellos reclusos de origen islámico encarcelados por delitos comunes. "En cuanto se juntan tres, automáticamente uno de ellos ya ejerce como líder, y se pone en marcha el adoctrinamiento", explican a ABC fuentes de la lucha antiterrorista.

 

Las prisiones españolas presentan una serie de puntos débiles que permiten la radicalización musulmana, incluso para los que antes de ingresar no lo eran. El informe de la Red de Investigación Avanzada en Insurgencia y Terrorismo que cita ABC señala el escaso control sobre los visitantes de esos presos de origen musulmán, además de la convivencia, en módulos de vida normalizada, de los radicales mismos entre delincuentes comunes.

 

"A día de hoy, los yihadistas podrían estar utilizando las prisiones españolas como cantera donde forjar una nueva generación de radicales y, de ser así, lo más probable es que la Administración no fuera consciente de ello", señala el citado informe de Atenía Intelligence Journal.

 

También en las prisiones españolas dicho informe subraya la carencia de un sistema informatizado que permita identificar si el visitante del preso ha visitado a otros reclusos de las mismas características en otras prisiones

 

Esta situación permite situaciones como la del argelino Allekema Lamari, condenado inicialmente a 14 años de prisión por terrorismo islamista, y que vió su condena rebajada en diversas ocasiones (la primera a 9 años por el Tribunal Supremo, siendo liberado incluso antes por la Audiencia Nacional por no probar los delitos que se le imputaban). Lamari era uno de los siete "yihadistas" autores del 11-M y muertos en el piso de Leganés.

 

De hecho, según ABC la llamada "operación Nova" desarrollada en 2004 puso de manifiesto que el proceso de adoctrinamiento y reclutamiento en cárceles existió en la prisión de Topas, en Salamanca, de cara al atentado que esta célula pretendía realizar en España.