L D (EFE) En la carta, fechada el 25 de febrero, el delegado da un plazo de un mes al lehendakari para que se retiren de los colegios estos libros, por entender que no se ajustan a la legalidad vigente, la Constitución y al Estatuto.
Los libros que cita Urquijo en su misiva son de tres editoriales: Erein, Elkarlanean e Ibaizabal, utilizados en la educación primaria y que cuentan con la autorización –necesaria– del Gobierno vasco. En ellos se hacen menciones a "Euskal Herria" junto a mapas en los que figuran el País Vasco, Navarra y los tres territorios vasco-franceses.
Según escribe el delegado, "esta forma de presentación contribuye a distorsionar los límites tanto políticos como geográficos de nuestra Comunidad Autónoma". Asimismo, Urquijo estima que estos hechos "vulneran diversos preceptos de la Constitución en lo relativo a la unidad de nuestra nación y su estructura territorial", así como el Estatuto de Guernica, también en lo referente a la composición territorial de la autonomía vasca.
La petición de Carlos Urquijo se produce al amparo de la ley reguladora de lo contencioso-administrativo, que señala que en los litigios entre las administraciones públicas "se puede efectuar un requerimiento para se derogue una disposición, anule o revoque un acto". La carta advierte de que el requerimiento se entenderá rechazado si no se contesta en el plazo de un mes.
Los libros que cita Urquijo en su misiva son de tres editoriales: Erein, Elkarlanean e Ibaizabal, utilizados en la educación primaria y que cuentan con la autorización –necesaria– del Gobierno vasco. En ellos se hacen menciones a "Euskal Herria" junto a mapas en los que figuran el País Vasco, Navarra y los tres territorios vasco-franceses.
Según escribe el delegado, "esta forma de presentación contribuye a distorsionar los límites tanto políticos como geográficos de nuestra Comunidad Autónoma". Asimismo, Urquijo estima que estos hechos "vulneran diversos preceptos de la Constitución en lo relativo a la unidad de nuestra nación y su estructura territorial", así como el Estatuto de Guernica, también en lo referente a la composición territorial de la autonomía vasca.
La petición de Carlos Urquijo se produce al amparo de la ley reguladora de lo contencioso-administrativo, que señala que en los litigios entre las administraciones públicas "se puede efectuar un requerimiento para se derogue una disposición, anule o revoque un acto". La carta advierte de que el requerimiento se entenderá rechazado si no se contesta en el plazo de un mes.