Los acólitos de ETA descubrieron este lunes un nuevo uso para la Ley de Dependencia, la medida estrella que el Gobierno Zapatero consiguió aprobar a bombo y platillo en el Congreso de los Diputados en noviembre de 2006. Y todo gracias a un auto hecho público por el polémico magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
El auto fue emitido tras la solicitud del que fuera máximo dirigente del sindicato proetarra LAB durante más de una década, Rafael Díez Usabiaga, de salir en libertad bajo fianza. Para ello, argumentó cuatro razones, rechazadas todas por la Fiscalía, pero admitida una de ellas por Garzón.
"En el caso de Rafael Díez Usabiaga (...) no es menos cierto que en el mismo concurre una circunstancia específica de ídole personal-familiar, consistente en la relación de dependencia que su madre tiene respecto del mismo", dice el auto. Tras esto, señala que este hecho se acredita en el "certificado del ayuntamiento de Lasarte-Oria de fecha 12/04/2010, que dice que Doña Dolores Usabiaga Olarra ha iniciado los trámites para la prestación y ciudadanos personales relativos a la Ley de Dependencia de personas físicas".
Así, en ese certificado, firmado por la Presidenta de Servicios Sociales de ese ayuntamiento guipuzcoano, gobernado por el socialista Jesús María Zaballos –tras acceder la veterana Ana Urchueguía a un puesto del Gobierno vasco en Hispanoamérica–, la madre del dirigente proetarra, "requiere como cuidador a su hijo, Rafael Díez Usabiaga, persona que hasta la fecha de ingresar en una Institución Penitenciaria... ha venido haciéndose cargo de su madre".
Así, el juez Garzón impuso a Díez Usabiaga una fianza para quedar en libertad de 30.000 euros, y además de prohibirle abandonar España durante su periodo de libertad, le encargó dar parte a la Justicia cada quince días de cómo lleva a cabo los cuidados de su madre.
Esa fianza fue pagada en cuestión de horas, y pasadas las siete y media de la tarde abandonó el centro penitenciario de Estremera (Madrid), a cuya puerta se encontraba esperándoles una delegación del sindicato LAB, con su sucesora, la actual secretaria general, Ainhoa Etxaide, al frente.
Bateragune, la recomposición de Batasuna
El ex secretario general de LAB se encontraba en prisión desde la operación policial que volvió a decapitar a Batasuna el 13 de octubre de 2009, evitando una nueva reorganización de su cúpula, y en la que fueron arrestados, además del propio Usabiaga, los dirigentes proetarras Arnaldo Otegi, Rufino Etxeberría, Arkaitz Rodríguez Torres, Sonia Jacinto García,José Manuel Serra, Amaya Esnal Martiarena, Miren Zabaleta Tellería(hija del ex dirigente de HB y líder de Aralar Patxi Zabaleta), José Luis Moreno Sagües y Ainara Oiz Elgorriaga.
Esa nueva dirección de Batasuna, que funcionaba bajo la denominación de Bateragune, tenía entre sus funciones, según el propio juez Garzón, conseguir "treguas encubiertas" para "engañar" a los partidos políticos. En
Finalmente, Díez Usabiaga fue procesado el pasado 25 de enero junto a otros seis dirigentes proetarras, entre ellos el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y dejó fuera del procesamiento, en contra de la solicitud del fiscal, al veterano dirigente batasuno Rufino Etxebarria, así como a Ainara Oiz, que también habían sido detenida en la operación policial.
La hija y el padre de Otegi
El que fuera ex portavoz de la Mesa Nacional de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi, también soliticó hace unos días abandonar el centro penitenciario en el que cumple prisión, en la localidad madrileña de Soto del Real, porque quería visitar a su padre, que había sufrido un infarto. El juez Garzón le concedió el permiso, y fue trasladado durante un fin de semana hasta la prisión de Martutene, situada a las afueras de San Sebastián, desde donde pudo visitar a su progenitor.
Semanas antes, en marzo, había hecho un intento similar al de Díez Usabiaga, aunque poniendo como excusa para salir de prisión que su hija se encontraba deprimida por el hecho de que su padre estuviese en la cárcel. La Audiencia Nacional decidió entonces que permaneciera en prisión al existir riesgo de que aprovechase su salida para seguir delinquiendo.