Desde que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo nombró instructor de la causa que investiga si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cometió un delito prevaricación al declararse competente para investigar el franquismo, el magistrado Luciano Varela se ha visto sometido a una campaña de descrédito y a ataques continuos por parte de diversos medios de comunicación y diferentes sectores sociales. Con este escenario, ahora el instructor quiere guardarse las espaldas y disipar cualquier duda que haya en torno a su profesionalidad y su imparcialidad.
Por este motivo, Varela ha acordado este miércoles tramitar la recusación planteada el pasado sábado por Garzón para apartarle del procedimiento abierto contra él. A priori, esto supone que el magistrado deja en manos de sus compañeros del Alto Tribunal su futuro como instructor de la causa de la Memoria Histórica y que, al menos temporalmente, se aparta del procedimiento.
Sin embargo, de momento, el magistrado no se ha pronunciado directamente sobre si acepta o rechaza dicha recusación. Por su parte, el juez Baltasar Garzón considera que el instructor había manifestado un "interés directo" en el procedimiento al orientar los escritos de las acusaciones del sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Esto a pesar de que Varela ha expulsado a la Falange del procedimiento por no ajustarse ni en el fondo ni en la forma a las exigencias legales del escrito de acusación.
Garzón gana tiempo en la Audiencia
Con esta maniobra jurídica, el juez estrella consigue retrasar su suspensión cautelar y, por ende, alargar sus días al frente del juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional. No obstante, el farragoso procedimiento judicial que se avecina no detiene la causa penal.
En la providencia dictada este miércoles el magistrado Luciano Varela da tres días de plazo a las diferentes partes personadas en el procedimiento, fiscal y acusación popular, para que muestren sus posiciones sobre este asunto. Es decir, para que se pronuncien sobre si apoyan o no su recusación.
Una vez que haya recibido la documentación pertinente, el juez del Supremo tiene 24 horas más para elaborar un informe que elevará a la Sala de lo Penal y donde debe pronunciarse sobre si acepta las pretensiones de Garzón o, por el contrario, se opone a ellas.
En este punto, el abanico de posibilidades se abre. Por un lado, si Varela se inclina por apartarse definitivamente la Sala nombraría un nuevo instructor de la causa. Si, en cambio, Varela rechaza las pretensiones de Garzón, la Sala deberá automáticamente nombrar un juez que instruya el incidente de recusación, así como a un magistrado que lo sustituya en el procedimiento de la Memoria Histórica hasta que éste se resuelva.
Varela, en manos de sus compañeros
Por su parte, el instructor del incidente puede rechazar ad limine la petición del juez estrella, esto es sin practicar ninguna diligencia, respaldando de forma férrea a su compañero, o abrir una investigación de los hechos. Esta primera posibilidad es recurrible por Garzón ante la Sala. Por lo que, tanto en uno como en otro supuesto, la decisión de recusar a Varela quedaría sometida al criterio del Pleno de la Sala de lo Penal de la última instancia española. Dicho pleno lo componen normalmente quince magistrados, a los que esta vez habría que restar dos: el propio Varela y el instructor de la recusación.
Si bien es cierto que la causa penal no se paraliza con la recusación, aunque Varela se haya apartado temporalmente, también lo es que a pesar de que se nombre un sustituto del magistrado (hasta que se resuelva el incidente) es altamente improbable que dicho juez dicte en los próximos días el auto de apertura de juicio oral. Según han señalado fuentes jurídicas, el motivo es que habitualmente los instructores sustitutos sólo adoptan medidas estrictamente necesarias (que estén sometidas a un plazo legal, por ejemplo) pero respetan que la causa "hiberne" hasta que se solucione la incidencia.
El auto de apertura de juicio oral, último paso que Varela aún no ha dado y necesario para sentar a Garzón en el banquillo, obliga al Consejo General del Poder Judicial a suspender cautelarmente al juez, ya que es una resolución firme contra la que no cabe recurso. En resumen, el juez estrella gana días de permanencia en activo en la Carrera Judicial y frena así su inminente expulsión de la Audiencia Nacional.