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En libertad la pareja proetarra acusada de amenazar a Becerril

El magistrado Eloy Velasco ha dejado este jueves en libertad provisional a la pareja proetarra acusada de amenazar de muerte a la eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril. Ésta deberá comparecer ante el juez de forma periódica.

El magistrado Eloy Velasco ha dejado este jueves en libertad provisional a la pareja proetarra acusada de amenazar de muerte a la eurodiputada del PP, Teresa Jiménez Becerril. Ésta deberá comparecer ante el juez de forma periódica.

El titular del juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dejado en libertad provisional a la pareja proetarra detenida el miércoles por agentes de la Guardia Civil en Vitoria, acusada de amenazar a través de Internet a la europarlamentaria del PP Teresa Jiménez Becerril.

Durante el interrogatorio ante el magistrado, que se ha prolongado durante algo más de dos horas, los arrestados Joseba Andoni Ullibarri Urraca y Eva Montoya Camón -vinculados a la ilegalizada Batasuna- han negado los hechos y han calificado como "repulsivos" este tipo de ataques a políticos.

La detención policial, y la posterior intervención judicial, se produjo después de que la dirigente del PP denunciara ante las Fuerzas de Seguridad del Estado haber recibido amenazas vía correo electrónico. "Me han amenazado de muerte diciéndome que iban a hundirme como a mi hermano", reveló Jiménez Becerril. El mensaje hacía referencia a su hermano Alberto, político sevillano asesinado por ETA junto a su esposa en la noche del 29 al 30 de enero de 1998 en Sevilla.

Sin embargo, los detenidos que niegan estar implicados en el envío de dicho correo electrónico, han precisado ante el juez que disponen de una conexión wifi sin protección para acceder a Internet -por lo que no se necesita contraseña para hacer uso de ella- así que han argumentado que "cualquiera" ha podido emplear su conexión para calumniar e injuriar a la popular.

Como medida cautelar impuesta a la pareja proetarra por orden del magistrado, a petición del fiscal, ésta deberá comparecer de forma periódica en las dependencias judiciales más cercanas a su domicilio. Para la Fiscalía, estas amenazas constituyen un delito de terrorismo en su tipo de menosprecio a las víctimas.

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