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NO SE HA EJECUTADO EL EMBARGO

Vera vive desde hace seis años en una finca del Estado

Rafael Vera lleva seis años viviendo en una finca propiedad del Estado gracias a la negligencia del Gobierno. Según informa El Mundo, la vivienda, comprada con dinero de los fondos reservados, fue decomisada por la Justicia en 2004 aunque de momento no se ha producido el desalojo.

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El que fuera el número dos del Ministerio del Interior en la era González y condenado por los GAL, Rafael Vera, vive en una finca de 9.300 metros cuadrados en la localidad madrileña de Torrelodones. Lo más destacable es que esta propiedad pertenece al Estado y que le fue decomisada por la Audiencia de Madrid en 2004 pero que por una negligencia de la Administración no se ha ejecutado dicho mandato.

De hecho, según cuenta El Mundo, hace un año el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente el desalojo afirmando que dicha medida causaría a Vera "perjuicios difícilmente reparables" debido a que es su residencia familiar.

En este sentido, el Tribunal Constitucional admitió a trámite en 2005 el recurso de amparo interpuesto por el propio Vera contra su condena por malversar los fondos reservados. Y es que en 2002, la Audiencia de Madrid consideró probado que dispuso "al menos" de 3,6 millones de euros y que parte de ellos fueron a sus bolsillos mientras que el resto fue distribuido entre sus colaboradores.

Más tarde el Supremo confirmó esta sentencia e indicó que "es posible que ni el propio Vera con rigor pueda precisar la cantidad total sustraída" porque fue "imposible verificar" la cantidad de dinero de los fondos reservados del que se adueñaron.

De este modo, la Audiencia de Madrid ordenó al Registro de la Propiedad que modificase la titularidad de la finca de Torrelodones donde vive la familia Vera. La resolución decía que "en lo sucesivo, debe figurar como titular registral de dichos bienes la Administración del Estado".

Y es que la Audiencia dictó que la finca debía ser enajenada para cubrir la responsabilidad civil a la que Rafael Vera fue condenado ya que la Justicia dio por probado que su residencia fue comprada con dinero de los fondos reservados.

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