Según cuenta María Peral en El Mundo, 16 vocales del Consejo General del Poder Judicial han firmado un escrito para que se les fije una “indemnización por residencia” de entre 600 y 1.000 euros mensuales, de la que se beneficiarían los miembros cuya residencia familiar está fuera de Madrid.

Actualmente, cada vocal cobra 125.000 euros anuales, equivalentes a 6.300 euros netos al mes. El presidente, Carlos Dívar, es contrario a la medida y cuatro vocales se han negado a suscribirla.

Los favorables a la medida, la mayoría, quieren percibir una “indemnización por residencia” a favor de todos aquellos vocales procedentes de fuera de Madrid que mantienen en sus lugares de origen su residencia familiar y, por este motivo, deben pagarse un alojamiento en la capital de España, donde está la sede del Consejo General del Poder Judicial.

Entre los firmantes del escrito se esgrime como referencia que los diputados y senadores tienen habilitada una ayuda por ese concepto. También se argumenta que, a diferencia de los vocales de Madrid, los que proceden de fuera tienen que hacer frente a los gastos de alquiler de una casa Madrid–“que es una ciudad muy cara”, por lo que “teniendo todos la misma función, a unos nos cuesta más que a otros”.

La iniciativa ha sido muy mal recibida por el presidente del Consejo, Carlos Dívar, que según han asegurado fuentes de la institución se encuentra “sumamente molesto”. Tampoco han apoyado la medida los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Almudena Lastra y Margarita Uría, algunos de ellos con residencia fija fuera de Madrid.

El Pleno del Consejo deberá estudiar la medida próximamente.