(Libertad Digital) El presidente del Gobierno ha recobrado el lenguaje eufemístico que empleó la legislatura pasada para hablar de ETA. Además de gestos sospechosos como el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas con asesinatos sobre sus espaldas, su resistencia a echar a ANV de los ayuntamientos a los que retornó con ayuda del Gobierno es cada vez más evidente.
Este miércoles Rosa Díez ha puesto al Gobierno contra las cuerdas en una interpelación en el Congreso en la que, por cierto, el PP ha dejado sola a la diputada de UPyD pese a pregonar que el tema de ANV es de su máxima prioridad. Díez ha apelado al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local para defender que el Gobierno puede iniciar la disolución de estas corporaciones locales y ha insistido en que el Ejecutivo es la única institución que puede actuar en ese sentido. "El resto, tenemos las manos atadas", se ha lamentado Díez.
La diputada de UPyD pidió al Ejecutivo que luche "con los instrumentos en su mano" contra "los enemigos de la Democracia que forman parte de organizaciones terroristas". "Les estoy hablando de la aplicación de ley, no acepto demagogia, no hablemos frívolamente sobre la vida de los ciudadanos", ha sentenciado.
Desde que hace una semana ETA asesinó a Ignacio Uría, la disolución de los ayuntamientos en manos de etarras ha vuelto a la palestra. Al igual que Rosa Díez, el PP insiste en aplicar el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría al Gobierno actuar en poco tiempo.
- "Se podrá proceder a la disolución de un ayuntamiento si se producen acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares".
Pero si este martes Zapatero acusó al PP de tener una "actitud radical" por su insistencia en disolver estos ayuntamientos, este miércoles ha tirado del lenguaje médico como excusa. José Luis Rodríguez Zapatero que la Constitución da un "poder suficiente y legítimo" al Estado para luchar contra el terrorismo, pero advierte de que es necesario tener cuidado para que "el bisturí" que tiene que extirpar las células cancerígenas "no roce el corazón del pluralismo", informa Europa Press.
El jefe del Ejecutivo realizó estas manifestaciones en el transcurso de una conferencia que ha pronunciado esta tarde en el Centro de Estudios Constitucionales con motivo del XXX Aniversario de la Constitución española.
Zapatero defendió la funcionalidad de la Constitución en la creación de una "acción estatal legítima y eficaz" en la lucha frente al terrorismo. Según el presidente, la Carta Magna ofrece "todos los instrumentos posibles, todos los instrumentos necesarios, conjugando legitimidad y eficacia", para luchar contra el terrorismo. En particular, señala que la Constitución ha permitido "trazar una línea nítida entre la lícita acción política y la colaboración con el terrorismo", en referencia, aunque sin citarlo, a la ilegalización de los partidos que colaboran con el terrorismo. Todo pese a que el presidente se opuso con todos los instrumentos que tenía para evitar estas ilegalizaciones y propició la vuelta de ETA-Batasuna a las instituciones vascas.
"No se trata --dijo Zapatero-- de una defensa política de la Constitución, sino simple y llanamente de impedir la conversión de los partidos en cooperadores necesarios del terrorismo". "Al día de hoy --prosiguió-- nuestra Constitución da un poder suficiente al Estado para evitar esta aporía (inviabilidad de orden racional)". Insistió en que el poder que otorga la Carta Magna frente al terrorismo es "suficiente y legítimo" y argumentó que esto es así porque está "sometido a límites que en ningún caso se deben ignorar". "El bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas que se aprovechan de la vitalidad del cuerpo pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo", sentenció Zapatero, quien no citó en ningún momento la petición del PP de que se disuelvan de inmediato los ayuntamientos gobernados por ANV, aunque sus palabras se producen justo en medio de la polémica suscitada por los populares sobre esta cuestión.