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Noticia publicada el 17-07-2008
LD (EFE) Solbes realizó este anuncio durante la presentación de las bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, que será presentado a las autonomías el próximo martes día 22 en la Conferencia de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El vicepresidente económico aseguró que el nuevo sistema mejorará la capacidad fiscal de los territorios y que las autonomías podrán recibir recursos adicionales por los criterios de la población y el suelo.
En esta línea, destacó que lo que ha presentado son unas "líneas básicas" de financiación, por lo que a partir del día 22 se abrirá la negociación del nuevo sistema, que espera que concluya en el último trimestre del año, para poder empezar a aplicarlo en 2009.
En su opinión, recoge las previsiones de los nuevos Estatutos de Autonomía y se ajusta a los calendarios, por lo que la voluntad es garantizar una financiación suficiente para todas las competencias transferidas y asegurar una igual cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de donde vivan.
Solbes destacó que en los últimos meses ha mantenido una ronda de contactos bilaterales con las distintas comunidades, en las que se ha identificado una serie de características comunes que deberían servir para alcanzar un acuerdo.
La propuesta contiene diez principios básicos: la suficiencia global, que el sistema garantizará la financiación de todas las competencias transferidas, así como la financiación de los servicios públicos fundamentales, especialmente de la educación, sanidad y servicios sociales. Solbes reconoció que a lo largo de la negociación habrá que definir que competencias se incluyen en servicios básicos.
Reforzar el Estado del Bienestar
Economía prevé el envío de recursos adicionales para reforzar el Estado del Bienestar "en función de las disponibilidades presupuestarias del Gobierno", lo que "servirá para mejorar la capacidad de financiación de las autonomías". Este reparto se hará en función de la población actual de las comunidades, así como de la evolución experimentada en los últimos años.
No obstante, Solbes precisó que no está decidido "cómo se lleva la población de 1999 -año base del actual sistema- a la de ahora" para financiar los servicios de los ciudadanos.
La reforma prevé que ninguna comunidad pierda con el nuevo sistema, para lo que el modelo incorporará mecanismos de revisión anual automáticos para adaptarse a las nuevas necesidades. También habrá revisión quinquenal de los elementos estructurales del sistema, así como del esfuerzo fiscal de las autonomías.
Demografía y superficie, elementos clave
Respecto a las variables, prima la población y el suelo, aunque otras como la lejanía, la inmigración o la dispersión, podrían ser tenidas en cuenta si se logra un acuerdo en las negociaciones.
Además del incremento de la cesión de los impuestos ya mencionados, Solbes apuntó que la reforma incrementará la capacidad normativa de las comunidades y se ampliará la participación y colaboración tributarias en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado.
Asimismo, las bases apuestan por la lealtad institucional, y tendrán en cuenta la eliminación del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.
Por último, se alude a la cesión de competencias en materia de revisión económico administrativa, a la mejora de la gestión financiera del sistema, y a la adaptación del modelo de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Madrid ya solicitó la cesión tributaria
La Comunidad de Madrid remitió el pasado mes a Economía un decálogo de propuestas que resumían la posición del Gobierno regional ante la reforma del sistema de financiación autonómica, en defensa de la no discriminación territorial.
Madrid reclamaba que se ampliaran para todas las comunidades y "no sólo para alguna" los porcentajes de cesión del IVA, IRPF y de los Impuestos Especiales, que actualmente se encuentra en el 35 por ciento, 33 por ciento y 40, respectivamente.
Y es que las reformas estatutarias impulsadas por el Gobierno durante la pasada legislatura planteaban la posibilidad de que la cesión no la recibieran todas las regiones españolas (especialmente el catalán), aumentando la desigualdad de derechos que existe en el territorio nacional.
