L D (EFE) La voluntad del departamento de Salud es "cerciorarse de que la inmensa mayoría de los centros se ajustan a la ley, y de que sus praxis médicas son las adecuadas", han apuntado las mismas fuentes.
La consejería ha tomado esta decisión a raíz del debate social abierto tras la operación policial contra algunas clínicas de Barcelona por practicar presuntamente abortos ilegales.
El juez que investiga el caso envió este jueves a prisión a dos psiquiatras acusados de falsificar informes, con lo que ya son cinco los médicos encarcelados por su presunta participación en la trama dirigida por el doctor Carlos Morín.
Por su parte, el portavoz de IU-ICV en el Congreso y cabeza de lista ecosocialista por Barcelona, Joan Herrera (ICV), ha condicionado el apoyo de su partido tras las elecciones generales a una hipotética investidura del presidente del Gobierno a que se revise la ley para despenalizar el aborto durante la próxima legislatura.
Para Garcia, sin embargo, es necesario potenciar las políticas preventivas para evitar embarazos no deseados, pedir la cobertura sanitaria de los anticonceptivos masculinos y femeninos, así como que la educación sexual en las escuelas sea una realidad.
En rueda de prensa, explicó que la despenalización del aborto será uno de los ejes del programa electoral del partido con el objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a decidir, aunque no concretó los detalles de la propuesta. "Hay que aparcar la doble moral", dijo.
Añadió que ICV será "muy beligerante contra los sectores de la derecha reaccionaria y mediática que tratan a las mujeres como si fueran delincuentes por culpa de una ley que es ambigua".
La diputada de ICV en el Congreso, Carme Garcia, criticó al Gobierno destacando que "por un puñado de votos, las mujeres no tienen el derecho a decidir libremente". Según ella, el Ejecutivo español no ha sido "valiente" y ha hecho concesiones a los sectores más "retrógados" de la sociedad.