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La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por las autoridades españolas a la OPA de Acciona y Enel sobre Endesa eran ilegales, por lo que pidió su retirada. Tras la decisión española de no retirar esas medidas, el Ejecutivo comunitario inició en enero pasado un procedimiento de infracción. "Dado que, en su respuesta, las autoridades españolas no comunican la retirada de las medidas ilegales, la Comisión ha decidido continuar el procedimiento de infracción", explicó el comunicado.
La operación, valorada finalmente en unos 43.500 millones de euros, fue autorizada por la Comisión Europea en julio del año pasado. Según el Reglamento europeo de concentraciones, la CE tiene competencia exclusiva sobre estas fusiones y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia. Los únicos intereses considerados legítimos por Bruselas son la seguridad pública, la pluralidad de los medios y las reglas prudenciales, pero incluso en esos casos las medidas deben ser proporcionadas y compatibles con las leyes europeas.
Entre las medidas que Bruselas considera ilegales figuran: mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.
El Gobierno español argumentaba que, con sus restricciones, primero a E.On y luego a Enel y Acciona, su único objetivo es garantizar la seguridad energética nacional.
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