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Noticia publicada el 21-04-2008
(Libertad Digital) La crisis económica parece no afectar a los altos cargos del nuevo Ejecutivo socialista. Según informa La Razón este lunes, el Gobierno gastará 3,5 millones de euros más al año que en 2004 en este tipo de puestos después de que hayan aumentado sobremanera las Secretarías de Estado, las Direcciones Generales o los asesores de Ministros, entre otros. Los socialistas ya aprobaron un código de buena conducta en el que se pedía “administrar los recursos públicos con austeridad".
No hay crisis económica para el Gobierno a la hora de incrementar el gasto en el personal de los nuevos Gabinetes del Gobierno socialista. Hasta 3,5 millones de euros más al año gastará el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en altos cargos después de que este tipo de personal haya crecido en un 15 por ciento.
En esta novena Legislatura se ha pasado de 16 a 17 Ministerios aunque, sin embargo, el número de secretarios de Estado ha crecido de 19 a 26, un 36,84 por ciento más. Pero es destacable que cuando Rodríguez Zapatero llegó a La Moncloa en 2004 ya incrementó en un 30 por ciento sus cargos más cercanos.
En este sentido, se han creado 19 Direcciones Generales más que en 2004, así como 13 asesores de ministro, 28 asesores de secretarios de Estado y 3 asesores de prensa. El mayor problema que podría existir es la duplicidad de funciones y la reorganización del organigrama.
Durante la pasada Legislatura , el Ejecutivo dictó un Código de Buena Conducta en el que se establecieron unos principios éticos entre el que destacaba el “administrar los recursos públicos con austeridad o no hacer un uso impropio de los bienes y recursos que la Administración pone a su cargo”. Pese a las buenas intenciones, este principio se vulneró tanto en el pasado Ejecutivo como en éste en el que ha aumentado en un 36,84 por ciento los asesores de secretarios de Estado, en un 15 por ciento los asesores de ministro, en un 19,59 por ciento las Direcciones Generales y en un 36,84 por ciento las secretarias de Estado. Toda una administración austera y ahorradora después de que el Gobierno haya reconocido la crisis económica.
