LD (Pedro de Tena) Antonio Sanz dijo que su iniciativa se inspiraba directamente en algunos de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a través del Código del Buen Gobierno aprobado en 2005: «Lo que ocurre es que ustedes son el peor ejemplo del código de conducta del PSOE en toda España, y que en la práctica sólo se acercan a él para incumplirlo».
El dirigente popular tiró de hemeroteca para justificar la necesidad de elevar el listón de las incompatibilidades para los altos cargos de la Junta. Así, recordó el escándalo de las productoras pata negra, dirigidas por ex directivos de Canal Sur y que siguen realizando hoy día el 45 por ciento de las producciones televisivas de la RTVA, según Sanz; el contrato de la publicidad integrada adjudicado por el ex director comercial de la televisión pública, Jordi Badosa, a ex socios suyos; los negocios publicitarios que recibió el periodista Manuel Campo Vidal justo antes de asociarse con sobrinos de Felipe González; el BMW oficial que intentó comprar el ex consejero Isaías Pérez Saldaña. Si pasara en otra región.
Pero cuando se mostró más contundente fue a la hora de hablar de los hermanos de Chaves en general y del escándalo de Climo Cubierta en particular. «Se imaginan lo que dirían ustedes si en la Comunidad Valenciana los medios de comunicación demostraran que nueve miembros de la familia del presidente trabajan en la Administración regional, muchos de ellos puestos a dedo desde el origen? ¿Qué harían si un hermano del presidente contratara con la Administración que preside haciendo de mediadora la dirección general dirigida por otro hermano?», cuestionó.
Conviene recordar que el 15 de noviembre de 2005 el director general de Tecnología e Infraestructuras Deportivas, Leonardo Chaves, firmaba de su puño y letra a favor de Climo Cubierta SA —una empresa asesorada por Antonio José Chaves, otro de los hermanos del presidente de la Junta— la adjudicación para el suministro y la reinstalación de la carpa de la Ciudad Deportiva de Huelva, gestionada por el Gobierno regional.
Leonardo Chaves lo hizo sin convocar concurso alguno y pese a que el artículo 7 de la ley de Altos Cargos de la Junta establece expresamente que los directores generales están obligados «a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas en cuyo asesoramiento hubiesen tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil».
Para Antonio Sanz, casos como el de Climo Cubierta son la «prueba de fuego» de que la Ley de Incompatibilidades aprobada dentro del paquete del ‘impulso democrático’ «no ha servido para poner fin a la reiteración de casos que representan una clara falta de ética política y democrática que requiere de una respuesta clara y contundente». Según sentenció el parlamentarios del PP, «de impulso nada, y de democrático menos».
PSOE e IU, la tenaza, más que pinza, del parlamento andaluz, tumbaron la propuesta de regeneración del PP.