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Noticia publicada el 04-02-2008
LD (Europa Press) La letrada del PCTV, Jone Goiricelaia, destacó ante Garzón que estos indicios se consideraban insuficientes en 2005 (pero no ahora) y añadió que los únicos datos nuevos, procedentes de la operación llevada a cabo en la localidad guipuzcoana de Segura y de los registros de la sede del partido en Usurbil (Guipúzcoa), se encuentran a día de hoy recurridos debido a que los representantes de la formación los consideran ilegal.
Goiricelaia defendió, además, que la suspensión penal de las actividades de la formación por orden de la Audiencia Nacional resulta innecesaria actualmente debido a que la Sala del 61 del Tribunal Supremo estudiará esta misma semana la suspensión cautelar del partido a solicitud de la Abogacía del Estado.
Por ello, consideró que la suspensión por cinco años vendría a duplicar un proceso ya abierto a raíz de la petición de ilegalización ante el alto tribunal e indicó que esto pone en duda la competencia de Garzón en este terreno.
La vista se prolongó durante hora y media
La vista, que se prolongó durante hora y media, contó con la presencia de los representantes de la Fiscalía Vicente González Mota y Dolores Delgado, los abogados de las acusaciones particulares ejercidas por la Asociación Víctimas del Terrorismo y el colectivo Dignidad y Justicia y la representación del partido ejercida por su presidente Juan Carlos Ramos.
Por su parte, la Fiscalía pidió al titular del juzgado Central de Instrucción número 5 la suspensión de actividades del partido durante un periodo de cinco años, incluido el derecho a la presentación de candidaturas y la concurrencia a las listas electorales, el embargo y bloqueo de sus cuentas y la clausura temporal de sus locales. El Ministerio Público considera que la formación es "un instrumento de ETA".
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