Noticia publicada el 23-02-2008
(Libertad Digital) "El Gobierno no ha mentido nunca jamás". En estos términos se ha pronunciado María Teresa Fernández de la Vega al ser preguntada sobre los contactos que el Gobierno socialista mantuvo con ETA tras el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas y que provocó dos muertos.
Según ha dicho, "hubo un atentado y ETA rompió la tregua" y "después diversas organizaciones internacionales sondearon si podía haber alguna posibilidad" de retomar la negociación. La vicepresidenta, eso sí, no hizo mención alguna al papel fundamental del ministro Rubalcaba en todo este proceso.
Preguntada por las condiciones necesarias para que el Ejecutivo volviera a negociar con los asesinos, la cabeza de lista del PSOE por Valencia espetó que "en ninguna", como "hemos dicho por activa y por pasiva". "Aquí el único escenario", ha insistido, "es el cese definitivo de la violencia".
La ilegalización de ANV y el PCTV
A pesar de los múltiples informes policiales que apuntaban a lo contrario, De la Vega ha insistido en que "no ha habido pruebas hasta hora" para la ilegalización de ANV y PCTV, brazos políticos de ETA. "Cuando se han tenido esas pruebas, al minuto siguiente hemos acto", ha aseverado.
En declaraciones a El País, la vicepresidenta ha reiterado que "los indicios no son pruebas" y eso es lo que "ha pasado" hasta antes de la actuación judicial contra las formaciones proetarras.
La cifras maquilladas sobre inmigración
Las críticas al Partido Popular han sido otra constante en la entrevista publicada al medio de Prisa. "El PP pretende introducir el miedo", ha aseverado en relación al contrato de integración prometido por los populares. En su opinión, "hemos sacado de debajo de las alfombras a los inmigrantes que Rajoy dejó, los hemos llevado al mercado laboral".
Sobre el número de inmigrantes ilegales residentes en España, De la Vega vuelve a maquillar las cifras al asegurar que no llegan "a 300.000" cuando múltiples informes, tal y como ha denunciado el Partido Popular, sitúan esa cifra en más de un millón de sin papeles. "La ley establece mecanismos de regularización, y los que no cumplan esos mecanismos saben que se tienen que marchar a su país", ha concluido.