LD (Agencias) Las bodegas han estimado este miércoles que la reforma de las ayudas al sector del vino aprobada por la UE es "insuficiente e incompleta" ya que no recoge todos los intereses de España, por lo que han reclamado a la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, que impulse una mejora con el desarrollo del reglamento de aplicación.
El presidente de la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (Avimes), Rafael Puyó, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del vino no cumple las expectativas de este colectivo en cuanto a promoción, etiquetado, ayudas a la exportación y adición de azúcar.
Concretamente, Puyó ha lamentado la falta de ayudas a la promoción de los vinos dentro de la UE teniendo en cuenta que los caldos y vinagres españoles se exportan en gran medida a otros países europeos. "Es absurdo que en Europa no nos vayan a dejar promocionar nuestros vinos", aseveró.
También ha criticado que la reforma aprobada por los Veintisiete no recoja las ayudas a la exportación llamadas 'restituciones', sobre todo cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) las permite. "Se sacrifican estas ayudas innecesariamente", estimó el representante de las bodegas.
Puyó también ha lamentado que la UE no haya acordado el establecimiento de un etiquetado homogéneo para las botellas de todos los Estados miembros, así como que no se exija que se especifique en las etiquetas cuando los vinos han sido enriquecidos con azúcar, la denominada "chaptalización".
"Alemania se enfadó cuando se habló de advertir en el etiquetado cuando los vinos llevan azúcar", dijo Puyó. No obstante, el presidente de Avimes ha querido expresar su felicitación tanto a la ministra, como al secretario general de Agricultura y Alimentación, por su trabajo en las duras negociaciones europeas.
Por su parte, el responsable vitivinícola de la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), Joaquín Hernández era escéptico ante el resultado de estas negociaciones al lamentar que se haya perdido "una buena oportunidad para eliminar la chaptalización" (añadido de azúcar al vino). También ha lamentado que continúe la destilación de crisis, que demandaba Francia y que a Italia se le hayan concedido ayudas para el mosto. Por último, ha criticado aspectos como las ayudas a los viticultores, ligadas a compromisos con destiladores.
Por otro lado, Hernández ha mostrado su satisfacción porque las organizaciones regionales tendrán competencias para gestionar parte del cheque nacional. No obstante, en lo que se refiere a este extremo, Hernández ha advertido que "habrá que esperar a conocer cómo maneja este tema el Gobierno español".
En cambio, en declaracioens a la agencia Efe, otras asociaciones como ASAJA o COAG son más optimistas y aplauden que las ayudas a los viticultores se vayan a transformar en un pago único o que se destinen fondos del desarrollo rural para financiar la destilación de subproductos. Otro aspecto positivo que señalan es el incremento presupuestario para España (en 2009, sin contar con las ayudas para el arranque, contará con 229 millones de euros).
Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), considera que ha habido un avance sustancial y positivo por el plazo transitorio y la rebaja de la partida del sector destinado al desarrollo rural.
Un optimismo que no comparte La Asociación de Bodegas de Vinos de España, (AVIMES) ha echado en falta referencias claras sobre medidas de promoción en el ámbito comunitario y que las restituciones (ayudas a la exportación) no queden consolidadas hasta 2013.
La ministra está muy "satisfecha"
Ha asegurado que con esta regulación España, tercer productor de vino de la UE, "se consolida como el primer perceptor de los fondos de la OCM, más del 31 por ciento y unos 420 millones de euros anuales". Para la ministra el acuerdo final recoge "plazos transitorios" de cuatro años, durante los cuales los productores podrán recibir apoyos como la destilación de crisis, las ayudas al mosto y un tipo de ayuda para el viticultor que destine su vino a la destilación de alcohol para la fabricación de brandy o licores.
En el caso de las actuales ayudas a ese último tipo de destilación, conocida como alcohol de uso de boca, el apoyo se dará al viticultor, para evitar el desabastecimiento, en lugar de otorgarse al destilador como ahora. Por otro lado, Espinosa valora que la UE haya admitido la posibilidad de que dentro de los "sobres" o presupuesto para cada país, se introduzca por primera vez el pago único o la ayuda a la hectárea para el viticultor (lo que ya ocurre en otros cultivos).
La ministra ha añadido que la reforma recoge, por primera vez, la financiación de medidas para la promoción en países terceros, a la que España pretende destinar 32 millones de euros anuales. La reforma "introduce un alto grado de subsidiariedad" porque los Gobiernos distribuirán los apoyos según su criterio, según la ministra. España valora que la liberalización del cultivo de viñas se haya atrasado hasta final de 2015 y hasta entonces continúen los actuales derechos de plantación, si bien los países podrán mantener estas restricciones hasta final de 2018.
Espinosa ha indicado que en 2012 se evaluará el funcionamiento del sistema. Para la ministra, el arranque deja de ser el eje central de la reforma y queda en un programa social de tres años de duración, para promover el abandono de 175.000 hectáreas de viñedo, con primas que el primer año serán el 20 por ciento superiores a las actuales por arrancar; el segundo un 10 por ciento más y el tercero igual. Por otra parte, la reforma establece que los países pueden limitar el arranque a un 8 por ciento de su superficie de viñas y las comunidades autónomas a un 10 por ciento; también se fijan restricciones a ese abandono en zonas pendientes o por criterios ambientales.
Según el Ministerio, un viticultor que arranque una superficie con un rendimiento medio de 45 hectolitros por hectárea (Castilla-La Mancha) percibiría entre 4.800 y 5.500 euros por hectárea, según al año en que se acoja al programa. La ministra ha aludido también a la nueva clasificación de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas, más simplificada. Las nuevas categorías de protección de vinos sustituyen a los "vinos de calidad producidos en regiones determinadas" y a los vinos de mesa con derecho a mención de "vinos de la tierra".
Además, la reforma da un estatus de organizaciones interprofesionales a los consejos reguladores, lo que favorece a denominaciones como Jerez, Málaga, Montilla-Moriles, Cava o Manzanilla; además se protegerán nombres tradicionales como el vino generoso y los de crianza, reserva y gran reserva. "España ha conseguido paso a paso" sus peticiones, tras casi dos años de trabajos sobre la reforma, ha remarcado la ministra. Ha explicado que la OCM también permitirá indicar en la botella la variedad y la añada para los vinos que no estén dentro de las denominaciones, lo que contribuirá a aumentar la competitividad de tales tipos de caldos.