(Libertad Digital- R.C.) Sobre esta última cuestión, la vicepresidenta se limitó a dar el "detalle" de que los servicios de inteligencia españoles se encontraban detrás de los bucaneros somalíes.
España, en cualquier caso, carece de un protocolo de emergencia como el que existe en Francia, "Pirate-Mer", y pone entredicho nuestra capacidad de reacción ante situaciones límite como la vivida por los marineros del pesquero vasco y muestra a la postre nuestra vulnerabilidad.
En la rueda de prensa, De la Vega se refería a una acción conjunta del Gobierno, el armador y la diplomacia y daba a entender el pago del rescate cuando afirmaba que se había "priorizado la seguridad de los 26" marineros.
La falta de trasparencia se puede atribuir a una razón estratégica (que este caso no está muy claro de que exista) pero también contribuye a una proliferación de versiones y un mayor desconcierto público.
Son las informaciones que aparecen en la prensa nacional este domingo las que nos permiten reconstruir la operación. El diario La Razón cita fuentes gubernamentales y confirma que el armador desembolsó más de un millón de euros para satisfacer las exigencias de los piratas. En El País, sin embargo, se habla de 766.188 euros.
Es cierto que el pago del rescate se ha convertido en una práctica habitual a la que recurren los estados cuando se ven envueltos en este tipo de situaciones y que quieren, en primer lugar, garantizar la seguridad y el bienestar de los rehenes; pero también lo es que se entiende desde el marco de una estrategia transversal que tiene como último objetivo la persecución de los criminales y su castigo.
España, como se ha dicho más arriba, carece de un plan de emergencia que permita responder de modo contundente a este tipo de ataques a nuestros intereses. En suma, lo que tampoco favorece a dar una imagen ejemplar y de fortaleza es asegurar como se dice en la noticia de La Razón que "las Administraciones públicas españolas buscarán las fórmulas" oportunas para compensar el pago del armador vasco. Mostrarse como un "país pagador" sólo puede ayudar a que te secuestren en más ocasiones.
Francia y la respuesta militar
Francia el pasado 4 de abril se enfrentó a una situación similar a la española. Los tripulantes del velero de lujo Ponant fueron secuestrados por piratas en las aguas internacionales frente a las costas somalíes de Puntland. Ese mismo día se activó el plan Pirate-Mer.
Un equipo del Grupo de Intervención de la Germandería Nacional se trasladaba a las instalaciones militares francesas en Yibuti, preparado para intervenir. Una vez pagado el rescate y liberados los treinta tripulantes, los comandos franceses atacaron a varios vehículos desde helicópteros y según fuentes citadas por el analista del GEES, Carlos Echeverría, en su artículo Freno militar francés a la piratería en Somalia mataba alguno de los piratas y detenía a seis con vida.
En suma, el Jefe de Estado Mayor del Ejército francés afirmaba que se había conseguido recuperar parte del millón de euros desembolsado por el armador del barco, nunca por el gobierno francés. Francia por medio de la fuerza demostraba su habilidad para resolver satisfactoriamente una situación de crisis y disuadir a los criminales de volver a actuar contra sus intereses.
Incumplimiento del Gobierno
La actuación del Gobierno español es más sangrante si cabe pues se negó a proteger a las embarcaciones españolas que se encontraban en esas aguas incumpliendo una iniciativa aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos en contra del PSOE que instaba a desplegar una fragata en Somalia.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero descartó en su momento el envío pues consideró que debían ser los organismos internacionales los que establecieran mecanismos de protección en las aguas internacionales.
Para finalizar, se ha sabido que la liberación del Playa de Bakio ha sido posible gracias a la colaboración de Estados Unidos y de Francia. Los primeros han ido informando sobre los movimientos del buque y de los piratas. El Ejército norteamericano también ofreció aprovisionamiento a los medios aéreos y marítimos desplegados por España.
Una vez más, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se muestra incapaz de defender nuestros intereses nacionales frente a quienes los vulneran.