(Libertad Digital) La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. En el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente.
Según publica este lunes el diario El Mundo, la redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20 por ciento, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".
Según el FMI, los precios de la vivienda podrían caer en hasta un 20 por ciento en España. A eso se le suma otro problema, y es que las tasaciones que realizan los bancos para la concesión de los préstamos han estado durante muchos años infladas, ya que se pensaba que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales.
Esta situación podría llevar, por ejemplo, a un ciudadano que compró una casa por 180.000 euros (para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros) a que el banco que le concedió el préstamo decida hacer otra tasación, que esta arroje un resultado de 160.000 euros, y que la entidad le obligue a hipotecar otros bienes para cubrir el préstamo inicial de 190.000.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que si esta norma sale adelante sería motivo de una "revolución social". La portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu, cree que es un "atropello a la sociedad civil" el que el Gobierno baraje normas de esta naturaleza. "No puede ser que, por una mala gestión de la crisis, los consumidores paguemos el pato" con medidas "aberrantes, inconstitucionales e ilegales", sentencia la portavoz de la OCU.