(Libertad Digital) Un alto porcentaje de los entrevistados, concretamente dos de cada tres, consideran que el actual modelo educativo favorece el uso de la lengua gallega, y en todo caso, algo más del 81% coincide en señalar que la utilización en la enseñanza de un idioma distinto al habitual del alumno supone un esfuerzo adicional para su formación, esfuerzo que una gran mayoría consideran notable.
El 87% cree que se debería poder recibir la enseñanza en castellano en cualquier parte de España si así lo desea el ciudadano, y el 61% entiende que los estudiantes castellanohablantes llegados de fuera de Galicia tendrían que recibir las clases en español, y el gallego, como asignatura de iniciación.
Éstas son algunas de las conclusiones de la amplia encuesta encargada por Galicia Bilingüe, con un total de 800 entrevistas, y que incluyó también aspectos relativos a la controversia lingüística en la Administración o en el comercio. La consulta refleja la actual dicotomía con que conviven hoy en Galicia las dos lenguas oficiales, pues prácticamente el mismo número de personas indicaron que se expresan habitualmente en gallego (336) o en castellano (339), por 120 ciudadanos con usos bilingües.
El 60% de la población se inclina porque los funcionarios de los organismos públicos se expresen en la lengua que prefiera el administrado, y un porcentaje aún mayor, de casi el 68%, defiende que la señalización en carreteras o calles, así como la de cualquier cartel informativo de este tipo, figure en los dos idiomas. Con respecto a esta última cuestión, sólo un 12,42% apoya la situación actual, con el uso exclusivo del gallego.
Los ciudadanos están mayoritariamente a favor, un 66%, de las subvenciones públicas para la promoción del uso del gallego, con un 57,7% que limitan esas ayudas al coste real de lo que represente la utilización de ese idioma.
Cerca de la mitad de los entrevistados entienden que el uso de la lengua gallega, para la adjudicación de un contrato público a una empresa privada, debería pesar menos que la calidad de los servicios en cuestión y que el precio ofertado.
Y dos de cada tres ciudadanos se declaran contrarios a la obligatoriedad del uso del gallego en el comercio y rechazan, por lo tanto, las imposiciones que recoge el anteproyecto de ley elaborado por la Consellería de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia.