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CONFISCAN LA AYUDA HUMANITARIA

Birmania administra los campos de damnificados del Nargis como cárceles

Grupos y organizaciones disidentes han denunciado que la dictadura militar de Birmania está gestionando como cárceles los campos de refugiados de los damnificados que dejó el ciclón Nargis. Varios testigos aseguran que los soldados mantienen estrechamente controlados a las víctimas que no pueden salir del recinto a buscar a sus familiares desaparecidos. Las fuentes explican que el Ejército está confiscando a las organizaciones internacionales la mitad de cada cargamento humanitario que tiene como destino la zona del delta del río Irrawaddy.

Noticia publicada el 12-05-2008

LD (EFE) La Junta Militar de Birmania gestiona los campos de refugiados por el tifón Nargis como prisiones fuertemente vigiladas, a cuyos "reclusos" se les controlan las visitas y no pueden salir del recinto para buscar a sus familiares desaparecidos. Incluso, aseguran que las víctimas están vestidas con ropa similar a la carcelaria y un número de registro que deben mostrar siempre. Además, sólo pueden ser visitados por un miembro de su familia que así lo acredite con un documento oficial.
 
Las fuentes, explican que cualquier paquete de comida debe ser entregada a las autoridades del campo, cuyos responsables obligan a las aldeas cercanas a hacerles "donaciones voluntarias" de agua potable, arroz, mantas o ropa.
 
Por otra parte, miembros del exilio birmano en Bangkok denunciaron que los puestos de control del Ejército en el delta del río Irrawaddy confiscan a las organizaciones no gubernamentales internacionales la mitad de cada cargamento de material de emergencia que llevan a la zona. Las agencias recelan del criterio de reparto de la asistencia por parte de las autoridades de la Junta Militar, que insiste en encargarse de forma exclusiva de la distribución de la ayuda.
 
La dictadura militar admite por ahora 23.458 muertos y 33.416 desaparecidos por el ciclón que asoló hace nueve días el sur del país, aunque la ONU calcula entre 63.000 y 102.000 muertos, otras 220.000 personas en paradero desconocido y casi dos millones sin hogar.



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