LD (V. Gago) Jueves, 31 de enero de 2008. Siglo XXI. El jefe del Gobierno de una de las naciones más antiguas de Europa, formada en la tradición greco-romana y cristiana, ofrece una conferencia de prensa junto a su colega alemana. Ambos han celebrado una cumbre en Palma de Mallorca, el "lugar idóneo" para celebrar la amistad de ambos países, dice José Luis Rodríguez Zapatero, porque "en Baleares viven 30.000 alemanes y veranean cuatro millones más cada año", señala, olvidando que los alemanes residentes y veraneantes se reparten en España entre Baleares y Canarias, fundamentalmente.
[¿Cómo habrá sentado a las autoridades turísticas del otro Archipiélago, actualmente de promoción en Fitur, la promoción turística gratuita y exclusiva de Zapatero con Baleares?].
Una periodista presente en la sala toma la palabra, después del turno de intervenciones introductorias de ambos mandatarios. La corresponsal político pregunta por la recepción del documento de la Iglesia Católica por el presidente. Lo hace en estos términos:
"Presidente, ¿qué opina de la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal? ¿Cree que debe prohibirse la actividad de la Iglesia Católica en la vida pública?".
Prohibir. Iglesia. Vida pública. Tres conceptos que empiezan a combinarse con una naturalidad pavorosa, incluso entre quienes se supone que deben liderar una defensa ilustrada de la libertad; quienes están llamados a ser sus valladares más firmes.
El presidente, lejos de poner los puntos sobre las íes, se limitó a sonreír. No es la única prohibición que se persigue, últimamente. El catedrático de Filosofía del Derecho, Francisco J. Laporta, propuso recientemente, desde las páginas de El País, excluir a las víctimas del terrorismo de la vida pública.