LD (Agencias) España deberá aumentar en 2020 hasta el 20 por ciento la cuota de energía que consume de fuentes renovables, lo que significa duplicar la producción actual (8,7 por ciento en 2005), para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Además, tendrá que recortar de aquí a 2020 un 10 por ciento las emisiones de sectores como el transporte, la vivienda, la agricultura y la ganadería o los residuos respecto a los niveles de 2005, año que se toma como referencia.
Estos objetivos obligatorios están recogidos en el polémico paquete de medidas sobre energía y cambio climático que presentó este miércoles la Comisión Europea. Su propósito es poner en práctica los acuerdos alcanzados en marzo de 2007 por los líderes europeos: una reducción de un 20 por ciento de los gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990, un 20 por ciento de renovables y un 10 por ciento de biocarburantes para el transporte. Todos estos objetivos deben lograrse en 2020.
Lo que el Ejecutivo comunitario ha hecho con sus propuestas de este miércoles es repartir la carga de estos compromisos entre los Estados miembros utilizando como criterio principal el PIB per cápita y, en el caso de las renovables, también el potencial.
Así las cosas, Durao Barroso explicó que el coste de este paquete será del 0,5 por ciento del PIB de la UE en 2020, es decir, 3 euros por semana por persona, mientas que el coste de no actuar sería 10 veces mayor. Además, destacó que permitirán reducir la dependencia de Europa respecto a las importaciones de gas y petróleo en alrededor de 50.000 millones de euros en 2020
Según recoge Europa Press, También dijo que estas medidas serán "buenas para la economía europea" porque fomentarán la innovación y permitirán que las empresas comunitarias sean líderes mundiales en tecnologías limpias.
Las propuestas todavía tienen que ser aprobadas por los Veintisiete y por la Eurocámara. El presidente de la Comisión dijo que espera llegar a un acuerdo final a finales de año o durante el primer semestre de 2009.
En materia de renovables, los países a los que se les exige un mayor esfuerzo son Suecia (49 por ciento), Letonia (42 por ciento), Finlandia (38 por ciento), Austria (34 por ciento), Portugal (31 por ciento), Dinamarca (30 por ciento). Para Alemania la cuota obligatoria es del 18 por ciento, mientras que a Francia la Comisión le ha asignado el 23 por ciento (por encima de lo que exigía el presidente Nicolas Sarkozy), a Reino Unido el 15 por ciento y a Italia el 17 por ciento. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, se mostró convencido de que, pese a todas las polémicas previas, "al menos 20 de los 27 objetivos nacionales serán aceptados" por los países sin más negociación y de que en el resto se logrará un acuerdo.
El Ejecutivo comunitario pretendía poner en marca un mercado para que las empresas pudieran comprar y vender certificados de renovables para alcanzar los objetivos de la manera más eficiente y menos costosa posible. Pero finalmente ha atendido las preocupaciones expresadas por España y Alemania, que se quejaron de que ello podría poner en riesgo los sistemas nacionales de primas de acceso a la red y el propio cumplimiento de los objetivos.
El resultado es que este mercado se mantiene pero serán los Estados miembros los que decidan si autorizan o no a una empresa a vender certificados de energías limpias. De esta manera, los Gobiernos podrán garantizar la seguridad de suministro y el cumplimiento de los objetivos nacionales antes de permitir la venta de certificados.
Tras las críticas recibidas, la Comisión ha mantenido el objetivo de un 10 por ciento de biocarburantes para el sector del transporte en 2020 en todos los Estados miembros. Eso sí, ha previsto una serie de salvaguardas para garantizar su sostenibilidad medioambiental. Entre ellas, que su uso suponga una reducción de emisiones de al menos el 35 por ciento en comparación con los combustibles fósiles o que su producción no amenace la biodiversidad. El comisario de Energía aseguró que este objetivo no tendrá "ningún impacto" en los precios internacionales de materias primas y que el Ejecutivo comunitario pondrá en marcha un mecanismo de vigilancia para garantizarlo.
En cuanto a los recortes de emisiones en transportes y vivienda, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo asumen la mayor carga (20 por ciento), seguidos de Suecia (17 por ciento), Reino Unido y Países Bajos, Finlandia y Austria (16 por ciento cada uno). En cambio, los países más pobres, Bulgaria y Rumanía, podrán aumentar sus emisiones un 20 por ciento y un 19 por ciento respectivamente en relación con los niveles de 2005 para continuar con su desarrollo.
Industrias intensivas en energía
Sin embargo, la mayor parte del recorte de emisiones al que se ha comprometido la UE se logrará a través del mercado de carbono, que cubre a las grandes empresas contaminantes. A partir de 2013, será la UE y no los Estados miembros la que distribuya los permisos de contaminación entre las instalaciones, y estos se irán reduciendo progresivamente hasta situarse en un 21 por ciento menos respecto a los niveles de 2005.
En el sector de la electricidad, responsable de la mayoría de las emisiones de la UE, las empresas ya no obtendrán los derechos de emisión de forma gratuita como hasta ahora sino tendrán que pagar por el 100 por ciento de los mismos a través de subastas. El resto de sectores, incluyendo la aviación, introducirán las subastas de una manera más gradual. Los ingresos, que pueden alcanzar hasta los 50.000 millones de euros en 2020, irán a parar a las arcas de los Estados miembros. Bruselas pide que dediquen un 20 por ciento de los mismos a la lucha contra el cambio climático.
No obstante, la propuesta del Ejecutivo comunitario contempla una excepción para las industrias intensivas en energía (que no aparecen definidas), que podrán obtener los permisos de emisión de manera gratuita si no se logra un acuerdo internacional de lucha contra el cambio climático.
El objetivo es salvaguardar su competitividad frente a los países que no aplican medidas de lucha contra el cambio climático e impedir que se deslocalicen fuera de la UE. "Si no logramos un acuerdo internacional protegeremos a nuestras empresas", resaltó Durao Barroso. Otra opción que propone Bruselas es obligar a los importadores que compiten con estas industrias a pagar derechos de emisión. En todo caso, la decisión final no se tomará hasta 2010, cuando ya se sepa si habrá o no acuerdo internacional, que es la "prioridad" para la UE.
El paquete de propuestas de la Comisión sobre energía y cambio climático se completa con una norma para impulsar la tecnología de almacenamiento de carbono y con unas directrices sobre las ayudas públicas al sector del medio ambiente.
El Gobierno español, satisfecho
Por su parte y según recoge la agencia Efe, el Gobierno español ha expresado su satisfacción por la nueva propuesta europea de reparto de los esfuerzos que los Estados miembros de la UE deberán realizar para fomentar las energías renovables y combatir el cambio climático.
Los ministros de Industria y de Medio Ambiente, Joan Clos y Cristina Narbona, comparecieron ante la prensa en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid para analizar la propuesta, presentada hoy en Bruselas por el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y por los comisarios de Energía y de Medio Ambiente.
Narbona y Clos coincidieron al valorar que la UE haya tenido en cuenta los criterios "de equidad" defendidos por España a la hora de repartir los esfuerzos y aseguraron que las empresas españolas no estarán "discriminadas" respecto a las de otros países al fijar los techos de emisión de gases de efecto invernadero.
El titular de Industria señaló que las posiciones defendidas por España durante la elaboración de la futura directiva están "bien representadas" y destacó que los objetivos propuestos en la propuesta elaborada por Bruselas están en línea con lo que el Gobierno esperaba. Asimismo, valoró que el establecimiento de mecanismos para el conjunto de la UE evitará "distorsiones" para empresas que están radicadas en un espacio económico.
Clos dijo que alcanzar el objetivo de energías renovables (20 por ciento del consumo en 2020) supondrá para España un esfuerzo "muy importante" que tendrán que asumir entre el sector de producción eléctrica, los denominados usos térmicos (por ejemplo las calefacciones) y los biocarburantes.
Los ministros de Industria y de Medio Ambiente, Joan Clos y Cristina Narbona, comparecieron ante la prensa en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid para analizar la propuesta, presentada hoy en Bruselas por el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y por los comisarios de Energía y de Medio Ambiente.
Narbona y Clos coincidieron al valorar que la UE haya tenido en cuenta los criterios "de equidad" defendidos por España a la hora de repartir los esfuerzos y aseguraron que las empresas españolas no estarán "discriminadas" respecto a las de otros países al fijar los techos de emisión de gases de efecto invernadero.
El titular de Industria señaló que las posiciones defendidas por España durante la elaboración de la futura directiva están "bien representadas" y destacó que los objetivos propuestos en la propuesta elaborada por Bruselas están en línea con lo que el Gobierno esperaba. Asimismo, valoró que el establecimiento de mecanismos para el conjunto de la UE evitará "distorsiones" para empresas que están radicadas en un espacio económico.
Clos dijo que alcanzar el objetivo de energías renovables (20 por ciento del consumo en 2020) supondrá para España un esfuerzo "muy importante" que tendrán que asumir entre el sector de producción eléctrica, los denominados usos térmicos (por ejemplo las calefacciones) y los biocarburantes.