La asociación de artistas de Luis Cobos tenía 41,5 millones en fondos de inversión en 2004
La entidad de gestión de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), presidida por Luis Cobos, está registrada como “asociación sin ánimo de lucro”, al igual que el resto de entidades que cobran el canon digital. Sin embargo, sus cuentas muestran que ya en 2004 disponía de 41,5 millones de euros en “inversiones financieras temporales”, como deuda pública y fondos de inversión. Esta cantidad coincide con el dinero recaudado por derechos de autor prescritos o pendientes de reparto entre los artistas.
LD (M. Llamas) Empieza a arrojarse algo de luz sobre la opacidad económica que hasta ahora caracterizaba a las entidades de gestión de derechos de autor. Dichas asociaciones privadas, que representan a autores y artistas, están autorizadas por el Gobierno para cobrar el polémico canon digital, entre otros muchos conceptos, que pagan tanto empresas como ciudadanos.
Según la ley y el propio Ministerio de Cultura, tales entidades se constituyen como asociaciones “sin ánimo de lucro”, que tienen por objeto la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, no todo lo que recaudan termina en el bolsillo de los artistas a los que presuntamente representan.
La entidad de gestión de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE), presidida por Luis Cobos, que representa a más de 14.000 artistas españoles, se registró oficialmente como “asociación sin ánimo de lucro” en 1987. Entre otros conceptos, como la difusión pública de obras, se encarga de recaudar la copia privada (canon digital) procedente de fonogramas, videogramas y otros soportes sonoros (música) o audiovisuales.
A 31 de diciembre de 2004, AIE disponía de 41,5 millones de euros (casi 7.000 millones de las antiguas pesetas) en “inversiones financieras temporales”. Cerca de 6 millones de euros más que en el ejercicio correspondiente a 2003.
En concreto, a cierre de 2004 contaba con 16,8 millones en deuda pública y depósitos, 24,5 en fondos de inversión, y otros 64.300 euros en “intereses a cobrar no vencidos”, según reflejan sus cuentas internas, a las que ha tenido acceso Libertad Digital.
Tales cantidades son muy similares al dinero recaudado por AIE de ciudadanos y empresas pero que, sin embargo, consta en sus cuentas como “pendientes de reparto” o “pendientes de pago” a los artistas, intérpretes o ejecutantes, cuyos derechos de autor han prescrito o están pendientes de prescripción por distintos motivos, como la imposibilidad de identificar a los titulares de las obras o la inexistencia de reclamación de cobro.
Así, según consta en el pasivo de la citada entidad en 2004, los “derechos recaudados pendientes de reparto” ascendían a 16,4 millones de euros, mientras que los “pendientes de pago” superaban los 26,6 millones.
De hecho, el informe de auditoría correspondiente a ese ejercicio advertía de este mismo hecho: “La entidad posee en su pasivo derechos repartidos pendientes de cobro [26,6 millones], cuyo plazo de reclamación ha superado el plazo de prescripción” establecido en el artículo 53.3 de sus estatutos, “sin que la entidad los haya considerado prescritos, ni los haya aplicado al destino previsto en dicho artículo en espera de una clarificación legal o jurisprudencial sobre el mismo, por entender que dicho aspecto no está suficientemente definido”.
Los autores no reparten de media el 25% del dinero recaudado
Y es que, el artículo 55.3 de los estatutos de AIE en 2003 afirma que los rendimientos económicos que generen los derechos de autor (incluido el canon digital), cuyo plazo de reclamación haya prescrito, “incrementarán los fondos propios de la entidad”. Tales fondos propios ascendían ese año a poco más de 240.000 euros.
Pese a ello, la entidad que preside Cobos hace una salvedad jurídica en sus estatutos fundacionales. Así, los recursos económicos de AIE estarán constituidos por: Las cuotas que pagan sus socios y afiliados; el descuento que se aplique sobre la recaudación bruta que genera los derechos de propiedad intelectual para hacer frente a los “gastos” de gestión de la entidad, así como el dinero procedente de subvenciones públicas, donaciones, herencias o indemnizaciones, entre otros conceptos.
Sin embargo, también incluye bajo el concepto de “recursos económicos de la entidad” los “rendimientos que produzcan las inversiones financieras, así como las sumas recaudadas de los usuarios en tanto no se proceda a su reparto”.
Tal y como avanzó LD, las cuentas oficiales de las entidades de gestión (SGAE, EGEDA, o CEDRO, entre otras) muestran un desfase próximo al 25 por ciento entre la cantidad total recaudada por los derechos de autor y las cantidades repartidas asignadas a los miembros estatutarios de la entidad (adheridos, socios eventuales y socios de pleno derecho) y a las entidades de gestión colectiva extranjeras.
El diferencial entre dinero recaudado y repartido se eleva a casi 530 millones de euros entre 2002 y 2006 (unos 100 millones de euros de media anual), que pasa a estar gestionado por las distintas entidades.
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