L D (Europa Press) La decisión del magistrado fue trasladada a los abogados defensores de los nueve imputados que cumplen prisión preventiva por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
El instructor, que investiga el caso a raíz de la denuncia de un particular, ha levantado el secreto del sumario recogido en un total de ocho tomos de la causa (4.107 páginas), de los diez que engloba la totalidad del procedimiento. Por el momento, los letrados aún no han podido hacerse con el sumario, al existir "un problema material" ante el gran volumen de páginas.
Las partes del proceso, abogados y la representación legal del Ayuntamiento de Madrid (que ejerce la acusación particular), podrán acceder a la mayor parte de los datos recabados hasta ahora en la investigación. Estos meses, el procedimiento se ha centrado en el análisis de los 187 expedientes considerados sospechosos y de la documentación incautada en los 24 registros practicados hasta ahora.
Asimismo, parte de la información obtenida por el magistrado proviene de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Guardia Civil y en las propias manifestaciones de los imputados ante el juez. A mediados de diciembre, Torres prorrogó por un mes el secreto sumarial, lo que limitaba el conocimiento de la investigación al propio instructor y al fiscal astrito al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, César Estirado.
Fuentes consultadas por Europa Press indicaron que el juez Torres tiene previsto en los próximos días dejar en libertad a alguno de los nueve detenidos en la primera y segunda fase de la operación. Hasta ahora, Carmen Eulalia Ibáñez, asesora técnica de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente, ha sido la única que ha abandonado la prisión tras hacer efectiva una fianza de 20.000 euros.
Las últimas detenciones se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
De la primera fase, cumplen prisión Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental, entre otros.
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.