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LD (Europa Press) Según el acuerdo alcanzado, será el Estado quien asuma la responsabilidad de informar a los proveedores de acceso a internet del contenido de pornografía infantil a través de una plataforma de descripción gestionada por la Oficina central de lucha contra la criminalidad vinculada a las tecnologías de la información y la comunicación.
Por un lado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, afirmó que "tienen que ser los jueces" los que decidan sobre la ilicitud de los contenidos de una página web y afirmó que sería "peligroso" para la libertad de expresión que el Estado francés creara "una institución paralela a la Justicia".
En este sentido, Domingo subrayó que en España la responsabilidad de decidir si los contenidos de una página web son ilegales o no es de los jueces, y lo que hay que procurar es "que la Justicia funcione".
Por el otro lado, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, defendió cualquier medida dirigida a acabar con la pedofília, pero señaló que, dado el caracter "volátil" de Internet, es una propuesta "difícil de aplicar". Así, señaló que la facilidad con que un internauta puede mover de una página web a otra un contenido concreto, puede llegar a convertir a la iniciativa francesa en una "medida compleja e ineficaz".
