LD (Rocío Colomer) En primer lugar, habrá que preguntase hasta qué punto el caudillo Hugo Chávez, orador beligerante e incendiario, está preparado para pasar de la palabra a la acción. Desde su reelección en diciembre 2006 por un periodo de siete años se observa un creciente y disparatado aumento del gasto militar, beneficiado claramente por el alto precio del petróleo. En los últimos años, el presidente golpista ha aumentado sus transacciones militares con Rusia, España, Brasil, además de Irán, entre otros.
Carrera armamentística. Ha adquirido, que se conozca, armamento ruso por valor de 4.000 millones de dólares. Veinticuatro cazas Su-30MK; cincuenta helicópteros de combate y de transporte; sistemas de defensa aérea Tor-M1, similares a los iraníes; un pedido de 100.000 fusiles automáticos Kalashinikov y otro de 5.000 Dragunov para la “guerra de guerrillas” contra Estados Unidos, en palabras del propio Chávez.
En octubre de 2007 anunció la construcción de una fábrica de munición y fusiles AK-103 con asesoría rusa. Las navieras de la antigua Unión Soviética le ofrecen además lanchas patrulla y desembarco, helicópteros de cubierta y sistemas costeros de misiles capaces de alcanzar objetivos situados entre los 7 y los 130 kilómetros. Ha expresado también su voluntad de desarrollar un plan de energía nuclear con “fines pacíficos”.
Previamente, en mayo 2006, Estados Unidos prohibió la venta de tecnología militar a Venezuela por considerar que no cooperaba con la lucha contra el terrorismo y que la carrera armamentística del país podría contribuir a la desestabilización del Cono Sur. En enero de ese mismo año, el Departamento de Estado había advertido del “rearme desproporcionado” del régimen personalista de Hugo Chávez. Le acusaba de “activar sus reservas y levantar lo que sólo podría describir como una milicia civil de un millón de personas”.
Contrato con España. En este contexto se produce la operación, discutida y discutible por múltiples facotres -en terminología del presidente del gobierno español- de compraventa de equipamiento militar por un valor de 1.700 millones de euros. El contrato incluye la producción de doce aviones (EADS-CASA), diez de transporte y dos de vigilancia, y ocho buques patrulleros de costa y litoral (Navantia).
La primera anormalidad del contrato es que fuera negociado con una intervención sorprendente por parte del Gobierno socialista español que no tiene precedentes en la venta de armamento militar de la historia reciente y con la que a la postre se aliaba a uno de los regímenes más dudosos del continente. Nadie vende armas a quién no considera su amigo. En la firma, incluso, estuvo presente el entonces ministro de Defensa, José Bono.
Eso sí, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó justificar el acuerdo militar con Chávez y frenar las críticas de la oposición haciendo hincapié en el carácter civil de los equipamientos, repitiendo hasta la saciedad que no incorporan sistemas ofensivos. Expertos en asuntos militares precisan, sin embargo, que las patrulleras vendidas a Venezuela por capacidad, peso y tamaño son aptas para incorporar nuevos sistemas y convertirlos en buques con capacidad de combate. Concretamente dicen que los navíos se destinarán a labores de vigilancia, pero, mientras en España un guardacostas convencional pesa una media de 1.000 toneladas; los modelos elegidos por Venezuela alcanzan las 2.500 toneladas. Pudiendo elegir unos buques más modestos, Chávez optó por los más pesados.
Presupuesto y financiación. La escasa transparencia de las cuentas venezolanas es otro de los elementos que añaden preocupación entre los expertos puesto que dificulta el conocimiento real de las operaciones de compraventa militar y por tanto de su arsenal. Según el informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en 2006 el Presupuesto de Defensa de Venezuela ascendía a 2.084 millones de dólares lo que suponía un incremento de un 33 por ciento respecto al año anterior y se convertía en el país latinoamericano que más incrementaba esta partida.
En paralelo a este incremento del presupuesto oficial se observa un desequilibrio entre el monto general de las transacciones militares (más las que no trascienden) realizadas por el régimen bolivariano y la cifra presupuestada para ese ejericido. La primera supera ampliamente a la segunda. El hecho de que el precio del barril haya alcanzado máximos históricos y supere los 100 dólares produce un excedente que el presidente Hugo Chávez parece destinar a armamento y no a crear prosperidad en el deprimido país.
Otro elemento que oscurece las cuentas públicas y el conocimiento de sus contratos es el hecho de que Venezuela haya trasladado sus finanzas de Estados Unidos a Suiza ante el temor de que la administración norteamericana procediera a su congelamiento. Lo que por una parte da alas a las interpretaciones sobre las verdaderas intenciones estratégicas de quien se sabe susceptible a ser castigado por acciones que todavía no ha cometido y por otra dificulta el acceso al estudio de las actividades comerciales.
Fin político. Desde una perspectiva militar, Hugo Chávez ha aprovechado los altos precios del petróleo para rearmarse pero como decía el estratega prusiano Carl von Clausewitz “la guerra es la continuación de la política por otros medios” y el golpista necesitaría una razón política para respaldar la hipotética intervención.
En ese caso y tomando como paradigma la actual crisis con Colombia sería la de la agresión o posible agresión del enemigo exterior. ¿Qué conseguiría el presidente golpista? Pues levantar el sentimiento nacional. En este momento la imagen de Chávez está en caída libre. No se ha recuperado de la derrota sufrida hace tres meses en del referéndum de reforma constitucional con la que se pretendía atribuir poderes absolutos ni se ha desquitado del movimiento estudiantil que sacó a miles de personas a la calle y dio aires nuevos a la desgastada oposición.
En este contexto, una operación militar podría despertar el sentimiento nacional en contra del agresor externo y distraer la atención de los ciudadanos sobre los problemas internos y la incapacidad del dictador venezolano para resolverlos.