LD (Europa Press) El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces-Barba, consideró "imposible" que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) resuelva a favor de los padres que han objetado contra EpC pese a haber decidido como medida cautelar que un grupo de jóvenes no asista a clases mientras se resuelve la demanda. "Esa medida no prejuzga sobre el fondo", advirtió.
Durante la presentación de su libro Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (Editorial Espasa), Peces-Barba afirmó que la objeción de conciencia "no es legal" sino es aceptada por el Estado a través de una ley o de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al respecto, añadió que actualmente "sólo hay una objeción de conciencia reconocida en una sentencia de ese tribunal y que está relacionada con el personal médico sanitario que tiene que intervenir en el proceso para determinar si un aborto está dentro de la ley".
Según Peces-Barba la objeción de conciencia "no es una dimensión de la voluntad de los ciudadanos, ni basta con que uno la declare". "¿Qué sociedad podría resistir si unos obedecen y otros deciden no hacerlo?", se preguntó el catedrático. Por ello, afirmó que le parece "poco probable" que el Tribunal Constitucional resuelva a favor de los padres que se han acogido a la objeción de conciencia por lo que sus hijos "no podrán graduarse sino cursan EpC".
Por último, el también presidente de honor de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política manifestó su "temor" a que la nueva asignatura se convierta en una 'maría' si no se hace hincapié en la formación del profesorado. "Para impartir esta asignatura no basta con tener un título de historia o filosofía porque tiene algunas especificidades muy complejas", señaló el catedrático, quien abogó por la formación de un cuerpo especializado en esta materia.
Auto judicial favorable a las familias
El auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por el que se acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión de la resoluciones del Gobierno del Principado de Asturias por las que se deniega el derecho a la objeción de conciencie frente a Educación para la Ciudadanía es una manifestación de cómo los Tribunales de Justicia están dispuestos a despenalizar la defensa de los derechos constitucionales, en este caso el de los padres a educar en libertad a sus hijos.
Para el Presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, “este auto del TSJA pone de manifiesto que las amenazas dirigidas a las familias objetoras por la Ministra de Educación y algunos consejeros autonómicos carecían de todo fundamento: frente a las amenazas de los políticos se alzan las resoluciones de los tribunales en defensa de los padres de familia”.