LD ( Victoria Llopis ) La semana pasada se debatió en las Cortes de Castilla-La Mancha la futura implantación en la región de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En su previsible papel, el Consejero de Educación, José Valverde, defendió la asignatura tal y como está programada en los decretos, rechazando –como pedía el Partido Popular- ser respetuoso con los padres objetores, dado que Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más objeciones ha cosechado hasta ahora. El debate tuvo como observador al Presidente de una de las Asociaciones que más han trabajado para informar sobre el atropello a la libertad de los padres que supone el diseño de la asignatura: Carlos Jariod, de Educación y Persona.
Sus impresiones tras el debate son contundentes: el Consejero estuvo visiblemente molesto por el hecho mismo de tener que debatir el asunto, y trató de zafarse del debate adoptando una actitud displicente, orgullosa, sembrando confusión y diciendo medias verdades y alguna que otra falsedad. Repitiendo el mantra habitual de los socialistas, EpC “es perfectamente constitucional”, su contenido “para nada entra en conflicto” con las familias. Eso sí, por si acaso, amenazó a los padres con que sus hijos no obtendrían el título de graduado en ESO si no cursan la materia. Sabe que sus palabras en sede parlamentaria son “inviolables”, pero sabe que semejante amenaza no se ajusta a la legalidad.
Todo, pues, previsible. Sin embargo, de entre sus afirmaciones más asombrosas en el transcurso del debate, quiero destacar una de ellas: ”La educación moral no es monopolio de los padres, sino una tarea compartida entre los padres y la escuela.
El Estado tiene el deber de promover una moral pública basada en unos valores universales que nos afectan a todos y que para nada entran en conflicto con las diversas morales privadas que deben mantenerse en otra esfera.
La pregunta no debe ser tanto si la parte de la formación moral que corresponde al Estado es conforme a las posiciones religiosas o morales de los padres o tutores, sino si la formación moral que corresponde a padres y tutores es conforme a los objetivos de la educación entre los que se encuentra el respeto a los valores constitucionales”. Palabras lógicas en un país de las antiguas “democracias populares”, y por supuesto deudoras de las tesis de Peces-Barba y la galaxia CIVES, Marina, Pellicer, y todos los ideólogos de la asignatura.
Porque vamos a ver: ¿en qué norma legal se dice que el Estado debe promover una moral pública al margen de las morales privadas?, ¿en dónde se dice que hay morales públicas y otras privadas, y que en caso de divergencia, prevalece la “moral pública”?
Vienen muy al caso unas palabras recientemente pronunciadas:
“Mis años de adolescente fueron arruinados por un régimen funesto que pensaba tener todas las respuestas; su influjo creció -infiltrándose en las escuelas y los organismos civiles, así como en la política e incluso en la religión- antes de que pudiera percibirse claramente que era un monstruo. Declaró proscrito a Dios, y así se hizo ciego a todo lo bueno y verdadero.” (Benedicto XVI en Nueva York).
Sí; Peces-Barba y sus amigos de CIVES, Marina, Pellicer y todos los responsables de este compacto proyecto ideológico de ingeniería social que responde al nombre de Educación para la Ciudadanía creen tener todas las respuestas. Creen tener la única respuesta. Por eso “ponen en peligro la libertad”.