L D (EFE) Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha indicado que de acuerdo con la Constitución "los servicios públicos de salud no pueden imponer a los pacientes criterios basados en creencias religiosas".
Por esa razón, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, se ha dirigido al Ministerio Fiscal y al director de la Agencia de Protección de Datos para que analicen el contenido del convenio y estudien si vulnera derechos fundamentales, como los derechos a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa.
En tal caso, el Gobierno solicita que se proceda a "ejercitar las acciones que consideren oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Fernández de la Vega ha subrayado que la voluntad de los pacientes sobre su salud no puede tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de los criterios profesionales.
Por esa razón, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, se ha dirigido al Ministerio Fiscal y al director de la Agencia de Protección de Datos para que analicen el contenido del convenio y estudien si vulnera derechos fundamentales, como los derechos a la intimidad, la autonomía personal, la salud y la libertad religiosa.
En tal caso, el Gobierno solicita que se proceda a "ejercitar las acciones que consideren oportunas en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos".
Fernández de la Vega ha subrayado que la voluntad de los pacientes sobre su salud no puede tener otros límites que los previstos en el ordenamiento jurídico y los que se derivan de los criterios profesionales.