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Noticia publicada el 09-04-2008
(Libertad Digital) Para Urquijo, "esto supone una intromisión injustificada del Gobierno Vasco en el ámbito de la escena privada, en este caso en los medios de comunicación". El PP consideró que "este decreto no es casual y está relacionado con la extensión de la conciencia nacional que reclamaba el PNV en su ponencia de Diciembre del año pasado".
Así, los populares exigieron que se "retire de inmediato este borrador de decreto y que no exista ninguna exigencia lingüística a las concesionarias de servicios de radiodifusión porque se trata de una discriminación inadmisible por razón de la lengua que no va a admitir el Partido Popular".
"Deben ser –continúa el parlamentario popular- las propias empresas las que decidan la lengua en la que van a realizar su programación, siendo el mercado el que determine lo acertado o no de su apuesta".
Por todo ello, Urquijo presentó en el Parlamento Vasco una Proposición no de Ley para su debate en Pleno en la que reconoce el "papel decisivo de los medios de comunicación como garantía del derecho a la libertad de expresión" e insta a la Consejera de Cultura a que en el próximo decreto que regule la concesión de nuevas emisoras de frecuencia modulada evite "cualquier referencia a porcentajes mínimos de emisión en una determinada lengua para impedir que se produzca discriminación alguna por razón del idioma".
Este borrador, según confirmaron a Efe fuentes del Ejecutivo vasco, se encuentra en fase de información pública y esta previsto para la concesión de 35 nuevas frecuencias en todo la comunidad vasca. En el texto, al que los interesados pueden presentar alegaciones, se contempla un mínimo de emisión en euskera del veinte por ciento, porcentaje que llega al cincuenta por ciento en el caso de emisoras municipales.
Pese a que este decreto, cuando se apruebe y en los términos definitivos en los que se apruebe, tendrá una incidencia inmediata y directa en la concesión de estas nuevas licencias, posteriormente será de aplicación a las emisoras que ya emiten en el ámbito de la Comunidad autónoma y que se deberán adaptar a él "progresivamente".
