L D (EFE) Los candidatos del PNV al Congreso Josu Erkoreka y Emilio Olabarría han presentado este sábado el programa electoral de este partido, que recoge las líneas que marcó el lehendakari Ibarretxe en el pasado mes de septiembre: un diálogo entre Gobiernos para buscar un acuerdo para "encauzar el conflicto político que aqueja a Euskadi", según sus palabras, que culminaría con una consulta popular.
Erkoreka ha dicho que "a priori, el PNV no tiene preferencia alguna" sobre el color del Gobierno que salga de las urnas, ya que "las preferencias personales no son relevantes para la estrategia política" del PNV.
El PNV, según ha dicho, apostará por el diálogo con el nuevo Gobierno, ya que considera que este diálogo y acuerdo "no puede verse subordinado al hecho de que la formación política ganadora necesite del apoyo del PNV para investir a su candidato como presidente del Gobierno".
Erkoreka ha dicho que "a priori, el PNV no tiene preferencia alguna" sobre el color del Gobierno que salga de las urnas, ya que "las preferencias personales no son relevantes para la estrategia política" del PNV.
El PNV, según ha dicho, apostará por el diálogo con el nuevo Gobierno, ya que considera que este diálogo y acuerdo "no puede verse subordinado al hecho de que la formación política ganadora necesite del apoyo del PNV para investir a su candidato como presidente del Gobierno".
Respaldo al Plan Ibarretxe
El programa del PNV destaca también por reforzar su apoyo al Plan Ibarretxe, que ya fue rechazado por las Cortes, al que no obstante considera un “acto institucional que por el amplio apoyo del que goza, no puede ser obviado a la hora de abordar una solución al conflicto”.
El conjunto de medidas también plantea la necesidad de un nuevo diálogo que pueda desplazar a la banda terrorista ETA, de la cual dicen no desear que lleve las riendas del “conflicto nacional vasco”.
Otras propuestas son la creación de una sala especial del Constitucional específica para el País Vasco, que resolvería sus conflictos con el Estado Español, la desaparición de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria, así como la transferencias de pensiones al país vasco.
El programa refuerza, en definitiva, el blindaje económico del País Vasco rechazado ya por instancias europeas, además de reclamar, eso sí, un “rigor presupuestario y fiscal” que deje atrás la “improvisación” del gobierno de Zapatero, todo ello en un contexto de mayores inversiones al País Vasco, debido a que consideran insuficientes y descompensadas en relación a lo aporta al conjunto del Estado.