LD (Agencias) Irlanda rechazó en referéndum el Tratado de Lisboa, un documento clave para la reforma de las instituciones comunitarias, y abrió una nueva crisis en el seno de la Unión Europea. "Este resultado provoca incertidumbre y dificultades", reconoció el primer ministro irlandés, Brian Cowen, mientras que en el lado opuesto, los detractores del texto celebraban lo que, en su opinión, ha sido una "gran victoria para la democracia".
Lo cierto es que la relativa holgura con la que el "no" se ha impuesto al "sí", un 53,4 por ciento frente a un 46,6, y con una participación superior al 50 por ciento, coloca al Ejecutivo de Dublín en una situación complicada de cara a una posible renegociación del documento.
Tras la derrota del primer referéndum sobre el Tratado de Niza (2001), el Gobierno irlandés pudo celebrar otro al año siguiente después de obtener ciertas aclaraciones de Bruselas respecto a la neutralidad nacional y porque la participación del electorado en la primera consulta fue tan baja que no se consideró representativa.
El Ejecutivo, dicen los opositores, tiene ahora un significativo mandato electoral para volver a Bruselas y parar en seco el proceso de ratificación del texto comunitario, a pesar de que 18 países miembros ya lo han aceptado por vía parlamentaria. "Esto es democracia en acción y Europa tiene que escuchar la voz del pueblo", dijo el multimillonario irlandés Declan Ganley, director de "Libertas", uno de los grupos de presión contrarios al documento más activos y mejor financiados de la campaña.
Según "Libertas", grupo fundado en 2004 para protestar contra el proyecto de Constitución de la Unión Europea (UE), el Tratado de Lisboa despojaba ahora a Irlanda de su influencia en la Unión y permitía a Bruselas "interferir" en su capacidad para determinar, por ejemplo, su propio impuesto de sociedades, una de las claves del crecimiento económico de la isla.
Uno de los principales aliados del Gobierno durante la campaña, el Partido Laborista -tercera formación nacional-, aseguró hoy que el Tratado de Lisboa "está muerto" y, por lo tanto, no podrá ser ratificado por el resto de los países miembros de la UE. "No tengo una respuesta sobre lo que va a pasar después", insistió Cowen, quien recordó, no obstante, que su Gobierno no está en situación de predecir qué harán el resto de sus socios comunitarios.
El primer ministro adelantó que iniciará consultas durante los próximos días para analizar las causas del rechazo irlandés y presentar su postura el próximo jueves y viernes durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.
Éstas son muchas y variadas, desde el temor a la supresión de la tradicional neutralidad de la República o su pérdida de poder en la toma de decisiones en la UE, pasando por las preocupaciones de los irlandeses ante la creciente crisis económica o la supuesta erosión del carácter democrático de las instituciones comunitarias. "Tenemos la obligación ahora de reflexionar sobre las implicaciones del referéndum irlandés para poder seguir hacia adelante y mantener a este país en el camino del progreso", añadió el "Taoiseach".
Con más claridad se expresó su ministro de Economía, Brian Lenihan, al recordar que la "estricta posición legal de Irlanda" no permitirá al Gobierno "ratificar el Tratado en los plazos fijados". Según Lenihan, sea cual sea la solución que se acuerde en el futuro con el resto de socios comunitarios, Irlanda habrá perdido influencia en Europa.
"La influencia -opinó el titular de Economía- es muy importante en la UE y teníamos mucha influencia en Europa. No creo que este resultado nos haga favor alguno, no creo que estemos en una posición mejor."
Lo cierto es que la relativa holgura con la que el "no" se ha impuesto al "sí", un 53,4 por ciento frente a un 46,6, y con una participación superior al 50 por ciento, coloca al Ejecutivo de Dublín en una situación complicada de cara a una posible renegociación del documento.
Tras la derrota del primer referéndum sobre el Tratado de Niza (2001), el Gobierno irlandés pudo celebrar otro al año siguiente después de obtener ciertas aclaraciones de Bruselas respecto a la neutralidad nacional y porque la participación del electorado en la primera consulta fue tan baja que no se consideró representativa.
El Ejecutivo, dicen los opositores, tiene ahora un significativo mandato electoral para volver a Bruselas y parar en seco el proceso de ratificación del texto comunitario, a pesar de que 18 países miembros ya lo han aceptado por vía parlamentaria. "Esto es democracia en acción y Europa tiene que escuchar la voz del pueblo", dijo el multimillonario irlandés Declan Ganley, director de "Libertas", uno de los grupos de presión contrarios al documento más activos y mejor financiados de la campaña.
Según "Libertas", grupo fundado en 2004 para protestar contra el proyecto de Constitución de la Unión Europea (UE), el Tratado de Lisboa despojaba ahora a Irlanda de su influencia en la Unión y permitía a Bruselas "interferir" en su capacidad para determinar, por ejemplo, su propio impuesto de sociedades, una de las claves del crecimiento económico de la isla.
Uno de los principales aliados del Gobierno durante la campaña, el Partido Laborista -tercera formación nacional-, aseguró hoy que el Tratado de Lisboa "está muerto" y, por lo tanto, no podrá ser ratificado por el resto de los países miembros de la UE. "No tengo una respuesta sobre lo que va a pasar después", insistió Cowen, quien recordó, no obstante, que su Gobierno no está en situación de predecir qué harán el resto de sus socios comunitarios.
El primer ministro adelantó que iniciará consultas durante los próximos días para analizar las causas del rechazo irlandés y presentar su postura el próximo jueves y viernes durante una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.
Éstas son muchas y variadas, desde el temor a la supresión de la tradicional neutralidad de la República o su pérdida de poder en la toma de decisiones en la UE, pasando por las preocupaciones de los irlandeses ante la creciente crisis económica o la supuesta erosión del carácter democrático de las instituciones comunitarias. "Tenemos la obligación ahora de reflexionar sobre las implicaciones del referéndum irlandés para poder seguir hacia adelante y mantener a este país en el camino del progreso", añadió el "Taoiseach".
Con más claridad se expresó su ministro de Economía, Brian Lenihan, al recordar que la "estricta posición legal de Irlanda" no permitirá al Gobierno "ratificar el Tratado en los plazos fijados". Según Lenihan, sea cual sea la solución que se acuerde en el futuro con el resto de socios comunitarios, Irlanda habrá perdido influencia en Europa.
"La influencia -opinó el titular de Economía- es muy importante en la UE y teníamos mucha influencia en Europa. No creo que este resultado nos haga favor alguno, no creo que estemos en una posición mejor."