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EN LA QUE FUE DETENIDO EL EX SUBDELEGADO DEL GOBIERNO EN BARCELONA

Interrogan como testigo a un comisario condenado en el caso GAL por su relación con la "Operación Avispa"

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha interrogado como testigo a un comisario de Policía condenado por el Tribunal Supremo en el juicio contra los GAL. Francisco Álvarez compareció en un juzgado de Barcelona por su relación con el caso del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells (en la imagen), detenido por sus supuestas relaciones con la mafia georgiana.

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha interrogado como testigo a un comisario de Policía condenado por el Tribunal Supremo en el juicio contra los GAL. Francisco Álvarez compareció en un juzgado de Barcelona por su relación con el caso del ex subdelegado del Gobierno en Barcelona, Eduard Planells (en la imagen), detenido por sus supuestas relaciones con la mafia georgiana.
L D (Europa Press) Según explicaron a Europa Press fuentes jurídicas, el considerado número tres de la mafia rusa en España, Malchas Tetruaschvili, había contratado al comisario del Cuerpo Nacional de Policía como asesor en materia de seguridad. Esta relación, además, constaba en un documento que ahora forma parte del sumario del caso.
 
El Supremo condenó a Álvarez en 1995 por el secuestro de Segundo Marey y por malversación de fondos públicos, junto al ex ministro José Barrionuevo, Rafael Vera, Julián Sancristobal, Ricardo García Damborenea, Miguel Planchuelo, José Amedo y Michel Domínguez, entre otros.
 
El comisario, que trabajó en Barcelona y Bilbao, fue condenado a nueve años y medio de cárcel y a 11 años de inhabilitación. Se da la circunstancia de que el abogado de Planells, Francesc Jufresa, también representó la acusación particular ejercida por Segundo Marey en el juicio por el que resultó condenado el ahora testigo.
 
Andreu se desplazó hoy a Barcelona para tomar también declaración al diputado de CiU Antoni Fernández Teixidó y a otros dos testigos relacionados con el caso: la secretaria de una de las empresas de Tetruaschvili y el entonces jefe de la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Barcelona, Manuel Laraña. Ambos aseguraron no disponer de medios materiales para desplazarse a Madrid, lo que motivó el traslado de Andreu a Barcelona.
 
Teixidó: "No hay nada por lo que tenga que pedir disculpas"
 
En cuanto a Teixidó, el juez le interrogó sobre su posible intervención ante Planells en favor de Tetruaschvili, a partir de las declaraciones que el ex subdelegado realizó al respecto.
 
Tras declarar, Fernández Teixidó aseguró ante los medios de comunicación que su única relación con Tetruaschvili fueron "contactos esporádicos en el ámbito familiar". Asimismo, el diputado aclaró que "por los despachos profesionales pasa mucha gente" y que no podía saber que seis meses después esa persona –Tetruaschvili– tendría problemas". Añadió que "no queda ninguna duda" de su actuación, por lo que tiene "la conciencia absolutamente tranquila".
 
Del mismo modo, el diputado explicó que siempre ha estado interesado en ayudar a la justicia y que "no hay ni un solo elemento" del que se "tenga que arrepentir". Por ello, "no hay nada por lo que tenga que pedir disculpas, ni política ni profesionalmente", matizó Teixidó.
 
El diputado –que declaró en calidad de testigo– afirmó que cree "en la presunción de inocencia" de los imputados, por lo que desea "que para las personas implicadas, el señor Planells y el señor Tetruaschvili, esto acabe pronto".
 
Fernández Teixidó iba a declarar como testigo el pasado 20 de noviembre, aunque no acudió a la Audiencia Nacional alegando que no había recibido "ninguna citación" al respecto, pese a que desde el Juzgado Central de Instrucción número 4 se le había enviado un telegrama que no fue devuelto.
 
Teixidó, por su parte, difundió ese día un comunicado en el que explicaba que no había recibido "ninguna citación ni indicación, ni del fiscal ni del juez", y expresaba su disposición "a dar la información que convenga en calidad de testigo si el juez lo cree oportuno". Aquel día declararon ante el juez Andreu el predecesor de Planells en la Subdelegación, David Bonet, y Malchas Tetruaschvili.
 
El juez abrió una investigación a raíz de la detención en junio de 2005 de 28 miembros de esta organización criminal en la llamada Operación Avispa. Según la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de esta investigación se tuvo conocimiento de la existencia de irregularidades de relevancia penal en la Subdelegación del Gobierno que podrían constituir delitos de prevaricación, cohecho y falsedad en documentos, y cuyo principal responsable sería Planells.
 
El pasado mes de julio, Andreu dejó en libertad con comparecencias quincenales a Planells, acusado de prevaricación, falsificación de documentos y cohecho, y a otros cuatro españoles detenidos en el contexto de esta operación y sobre los que pesan las mismas acusaciones. La Fiscalía sospecha que estos miembros de la Subdelegación pudieron facilitar a miembros de la mafia permisos de trabajo a cambio del pago de cantidades económicas.
 
Dos fases de la "Operación Avispa"
 
La Operación Avispa se desarrolló en dos fases. En la primera, de junio de 2005, la Policía detuvo a 28 personas, 22 de ellas consideradas capos de las mafias de la antigua URSS, y acusadas, entre otros delitos, de asociación ilícita, blanqueo de capitales y quiebra fraudulenta. En la misma participaron 400 agentes, que practicaron 41 registros y bloquearon 800 cuentas bancarias.
 
El pasado mes de noviembre, Andreu acordó el ingreso en prisión incondicional de cuatro de los nueve detenidos en la segunda fase de la operación policial desarrollada contra esta red mafiosa, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.
 
Los capos de la mafia georgiana fueron detenidos en el marco de una operación contra grupos criminales organizados de la antigua URSS en las provincias de Barcelona, Alicante y Málaga, que ya estaban creando infraestructuras comerciales y financieras con la constitución de un importante número de sociedades patrimoniales.
 
Al parecer, estos grupos estaban en estos momentos en una segunda fase de expansión, repartiéndose las zonas de influencia y actuación, en Cataluña, la Costa del Sol y Alicante.
 
Según los investigadores, los mafiosos estaban creando infraestructuras comerciales y financieras, con la constitución de un importante número de sociedades patrimoniales. En concreto, esta red compraba bares, cadenas de restaurantes y coches de gran cilindrada para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas realizadas en su país.

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