L D (EFE) En el que ha sido testigo en su primer acto público desde que tomara posesión de su cargo como director general para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, Leopoldo González-Echenique, ha sido testigo del desencuentro entre su inmediato superior y la Asociación Española de Comercio Electrónico (AECE). Durante la presentación de una campaña para potenciar en España la compra a través de la Red, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López Blanco, y el presidente de AECE, Fernando Pardo, han discrepado sobre la prohibición del envío masivo de e-mails comerciales sin autorización previa ( spam ) contenida en la LSSI.
Tras criticar este aspecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), Pardo ha dicho que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha mostrado en alguna reunión privada una "reacción muy positiva" respecto a la posibilidad de modificar esta prohibición. El presidente de AECE ha añadido que "parece que el Gobierno puede reconsiderarla". López Blanco ha desmentido este extremo. Pardo ha alegado que la prohibición perjudica a las empresas que pretenden vender a través de la Red y crea una desventaja competitiva con respecto a las de otros países, puesto que a ellas sí se les permite el envío de publicidad sin consentimiento previo a usuarios españoles.
González-Echenique ha dicho, por su parte, que existe una tensión entre los intereses de los prestadores de servicios en Internet y los destinatarios, que en el último caso están muy relacionados con la protección de su intimidad. Tanto el director general como López Blanco han coincidido en apuntar que la responsabilidad de la Administración respecto al comercio electrónico, es velar, precisamente, por los intereses de los usuarios.
Tras criticar este aspecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), Pardo ha dicho que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, ha mostrado en alguna reunión privada una "reacción muy positiva" respecto a la posibilidad de modificar esta prohibición. El presidente de AECE ha añadido que "parece que el Gobierno puede reconsiderarla". López Blanco ha desmentido este extremo. Pardo ha alegado que la prohibición perjudica a las empresas que pretenden vender a través de la Red y crea una desventaja competitiva con respecto a las de otros países, puesto que a ellas sí se les permite el envío de publicidad sin consentimiento previo a usuarios españoles.
González-Echenique ha dicho, por su parte, que existe una tensión entre los intereses de los prestadores de servicios en Internet y los destinatarios, que en el último caso están muy relacionados con la protección de su intimidad. Tanto el director general como López Blanco han coincidido en apuntar que la responsabilidad de la Administración respecto al comercio electrónico, es velar, precisamente, por los intereses de los usuarios.