Los "Albertos" intentan dar la vuelta al caso Urbanor basándose en el montaje de una carta "anónima"

(Libertad Digital) El pasado tres de febrero, elconfidencial.com desvelaba que una carta había llegado de forma anónima al despacho de una documentalista, Gloria Álvarez, (administradora de una sociedad dedicada a "la investigación periodística independiente") y que ésta, "en un caso de colaboración con la Justicia que roza la perfección", puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General.

 

Después de que Jesús Cardenal remitiera la denuncia al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el caso pasó al juzgado número once de la capital. De forma sorprendente –pues el caso se basa exclusivamente en esa carta anónima, con claros indicios de ser un burda falsificación–, la juez María Concepción Azuara decidió abrir diligencias. Los "Albertos" empiezan a recoger ahora los frutos de esta decisión.

 

Precisamente, al número 11 de Plaza de Castilla se ha dirigido el abogado de los "Albertos" para dar la vuelta a la tortilla y pedir que sean imputados Francisco Castelló, Luis García Alarcón, Paloma San Martín y José María San Martín. Todos son socios minoritarios de la sociedad Urbanor y se sumarían a los ya imputados Pedro Sentieri y Julio San Martín, en su día estafados por los dos financieros, según sentenció el Tribunal Supremo.

 

 

Los "Albertos", condenados a tres años y cuatro meses de cárcel por estafa y falsedad en documento, maniobran ahora para dar la vuelta al caso y acusar a los querellantes de haber mentido en el juicio con el objetivo de demostrar que fueron estafados. Ante este giro que pretenden dar al caso, Sentieri y San Martín ya han anunciado que pedirán la imputación por falsedad de la editora y documentalista Gloria Álvarez, que entregó en el juzgado la carta a raíz de la cual se inició la investigación por falso testimonio.

En la misiva, supuestamente redactada por Sentieri, se sugiere a San Martín que no revele que les interesó percibir por su parte de los terrenos de Urbanor (donde finalmente se instalaron las Torres KIO) un precio menor que los "Albertos", y se argumenta que "manifestarlo haría más difícil probar la estafa que cometieron y no debemos dar motivos para debilitar lo evidente, que nos estafaron". Sorprendente cuanto menos que alguien confiese toda una serie de delitos por carta y con su firma. Pero hay más indicios que llevan a pensar que el documento es una burda manipulación.

 

Una firma acoplada a una carta 

 

Los defensores de Sentieri y San Martín han denunciado que la misiva es falsa y para demostrarlo presentarán un informe pericial propio. El letrado de Construcciones San Martín, Miguel Bajo, aseguró que la carta "es una burda patraña", que ni siquiera está dirigida al domicilio de Julio San Martín, el supuesto receptor, y añadió que "no prueba nada" el hecho de que la Policía haya certificado la autenticidad de la firma de Sentieri. Sostienen que la propia carta delata su falsedad porque, entre otras cosas, Sentieri se dirige a sus amigos ( y socios) con nombres y apellidos y la palabra "firma" del final está escrita “en letras de mayor tamaño y diferentes del resto de la carta”.

Otra imputación

 

Los abogados de los "Albertos" también han solicitado ahora como "imprescindible" que declare el que fuera representante de KIO, Richard M. Robinson, que, según esta parte, firmó los contratos donde se especificaban los dos precios diferentes de la venta de los terrenos de Plaza de Castilla.

Durante la instrucción del caso Urbanor, Robinson testificó en el juzgado que no recordaba haber firmado documento alguno al respecto ni que se hubieran pactado precios diferentes, pero después se desdijo en una declaración ante un Notario en Londres y se pronunció en los mismos términos de la defensa de los "Albertos". No obstante, la Audiencia Provincial no tuvo en cuenta este testimonio, al no poder tomar de nuevo declaración a Robinson porque no se le localizó.

 

 

Cortina y Alcocer fueron condenados por el Tribunal Supremo en marzo de 2003 al considerar probado que engañaron a los socios minoritarios de Urbanor (entre ellos Sentieri y San Martín) al negociar la venta de la sociedad y conseguir por su participación un precio que duplicaba al que recibieron los pequeños accionistas. A mediados de año, el Constitucional suspendió el ingreso en prisión de los primos, debido al recurso de amparo presentado por los financieros, hasta que se resuelvan sus alegaciones referentes a la vulneración de sus derechos constitucionales en el proceso por el que fueron condenados. Posteriormente, el Consejo de Ministros denegó a mediados de octubre el indulto solicitado por ambos financieros. No han llegado a entrar en la cárcel.

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