(Libertad Digital) El temor a que este domingo se produzca un voto de castigo al PSOE por su apoyo a Carod-Rovira y sus coqueteos con el PNV, que rompen de hecho el Pacto Antiterrorista, ha movilizado a todos los poderes fácticos que trataron de derribar a Aznar durante la guerra de Irak. El objetivo es impedir que Rajoy pueda obtener la mayoría absoluta. El País, a través de sus editoriales y, especialmente, de un artículo de Juan Luis Cebrián, ha marcado la línea informativa que, por complicidad o despiste, están siguiendo muchos otros medios.
Se trata de desviar la atención de la autoría de ETA en la masacre –que ya había intentado dos veces en los últimos dos meses y en los mismos lugares: una estación de tren y el Corredor del Henares– para apuntar a una supuesta represalia de Ben Laden por el apoyo de Aznar a Bush. La torpeza del Gobierno para comunicar los datos de la investigación ha favorecido esta maniobra en la que, como es habitual, la SER se ha convertido en el inmenso altavoz que trata de perjudicar las expectativas electorales del PP y de impedir que parte del voto de izquierdas se decante por Mariano Rajoy.
Aparece Garzón
Según diversas fuentes políticas y judiciales consultadas por Libertad Digital, otros personajes, que como el grupo de Polanco, han sido bien considerados e incluso abiertamente favorecidos por el PP, están participando en esta estrategia. Entre ellos destaca el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuyos artículos en el diario de Polanco llamando casi literalmente asesinos a Aznar y Bush por la Guerra de Irak obligaron al CGPJ a abrirle un expediente disciplinario. Garzón lleva también el sumario de Al-Qaeda y desde las primeras noticias de los atentados ha tratado de asumir un protagonismo que no le corresponde en la investigación judicial de la masacre del 11 de marzo.
El mismo día 11, según se ha sabido posteriormente, dos jueces de la Audiencia tuvieron que ser expulsados del lugar de los hechos por el presidente de la Audiencia Nacional Carlos Dívar. Uno de ellos fue el juez Ruiz Polanco, al que se ha abierto un expediente por negligencia por la excarcelación de tres etarras tras dos años sin juzgarles. La indignación que el hecho ha suscitado en la opinión pública permitió a Carlos Dívar apartar del lugar de los atentados al todavía juez de la Audiencia por la posibilidad de ser reconocido y agredido por los familiares de las víctimas.
Más difícil fue apartar del lugar del hecho a Garzón, pese a que no le correspondía ocupar el lugar del juez Juan del Olmo a cuyo cargo ha quedado la investigación. La aparición injustificada y el afán de protagonismo de Garzón (que fue número 2 de las listas del PSOE en 1993 poco después de haber designado a González como “Mister X” o jefe del GAL, que regresó a la carrera judicial porque González no le dio el ministerio prometido y que trató de vengarse reabriendo los sumarios de la guerra sucia contra ETA durante los Gobiernos del PSOE), obligaron a intervenir al presidente de la Audiencia para garantizar que los responsables de la investigación pudieran actuar sin interferencias. También para impedir que los datos conseguidos por el juez Del Olmo y sus colaboradores pudieran ser invalidados por irregularidades de procedimiento.
Profundo malestar en la Audiencia
No obstante, la eficaz colaboración de Garzón con el Ministerio del Interior en la lucha legal contra ETA y Batasuna durante los distintos gobiernos del PP le han permitido establecer estrechos contactos con altos responsables en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Podría haber ocurrido –siempre según las fuentes consultadas por LD– que su insistencia en señalar la pista de Al-Qaeda como la única verosímil para hallar a los autores de la masacre del 11-M hubiera calado en alguno mandos, pese a que los responsables de la lucha antiterroristas están absolutamente convencidos de que es obra de ETA. El Gobierno, preocupado por mantener una imagen de unidad nacional tras los atentados, no habría actuado con energía para impedir estas maniobras de Garzón, que han podido provocar un serio conflicto con los responsables de la investigación policial.
Fuentes de la Guardia Civil sugieren que la interferencia de Garzón obedece al afán de protagonismo del juez, el cual, según una técnica bien conocida, trataría de incorporar la instrucción del sumario del 11-M al que ya se sigue en la Audiencia sobre Al-Qaeda, que preparó con toda probabilidad en España los atentados del 11-S en Nueva York y Washington y por el que ya se han producido varias detenciones. En la Audiencia Nacional hay un profundo malestar por las actuaciones de Garzón y el respaldo de los jueces al presidente de la Audiencia, Carlos Dívar, y al juez Juan del Olmo es prácticamente absoluto. Tanto jueces como fiscales tratan de evitar un conflicto abierto ante la opinión pública que redundaría en un mayor deterioro de la imagen del alto tribunal. No obstante, si la campaña de Garzón y Prisa continúa tras las elecciones de mañana, es muy probable que el escándalo estalle.