L D (Agencias) El portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Agustín Conde, dijo que la pretensión del Gobierno de conceder la competencia en la instrucción judicial a los fiscales para que pueda ser "manipulada desde el poder político" supone "volver 100 años atrás" en la Administración de Justicia.
En declaraciones efectuadas en los pasillos de la Cámara Alta, este senador expresó la total oposición de su grupo parlamentario a esta idea, lanzada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en su primera comparecencia parlamentaria, celebrada en el Congreso.
El senador explicó que la preocupación del PP por esta idea obedece a que el actual modelo de instrucción, a cargo de jueces predeterminados por la ley e inamovibles, constituye "una gran conquista de los Estados democráticos y de la libertad individual". En su opinión, "sustraer esa competencia instructora a los jueces para atribuírselo a los fiscales", que según recordó están sometidos al principio de jerarquía y pueden recibir instrucciones de sus superiores, supone renunciar "al principio consagrado en los ordenamientos jurídicos democráticos desde hace más de 100 años".
Por ello, consideró que "volver 100 años atrás para que la instrucción de las causas penales pueda estar manipulada desde el poder político es sin duda una renuncia muy notable, un paso atrás importantísimo y una pérdida de garantías de todos los ciudadanos". Conde recordó que el PSOE ya intentó introducir esta reforma en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en la anterior legislatura con el Gobierno del PP, si bien no se llevó a cabo por la oposición de esta última fuerza política.
En declaraciones efectuadas en los pasillos de la Cámara Alta, este senador expresó la total oposición de su grupo parlamentario a esta idea, lanzada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, en su primera comparecencia parlamentaria, celebrada en el Congreso.
El senador explicó que la preocupación del PP por esta idea obedece a que el actual modelo de instrucción, a cargo de jueces predeterminados por la ley e inamovibles, constituye "una gran conquista de los Estados democráticos y de la libertad individual". En su opinión, "sustraer esa competencia instructora a los jueces para atribuírselo a los fiscales", que según recordó están sometidos al principio de jerarquía y pueden recibir instrucciones de sus superiores, supone renunciar "al principio consagrado en los ordenamientos jurídicos democráticos desde hace más de 100 años".
Por ello, consideró que "volver 100 años atrás para que la instrucción de las causas penales pueda estar manipulada desde el poder político es sin duda una renuncia muy notable, un paso atrás importantísimo y una pérdida de garantías de todos los ciudadanos". Conde recordó que el PSOE ya intentó introducir esta reforma en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en la anterior legislatura con el Gobierno del PP, si bien no se llevó a cabo por la oposición de esta última fuerza política.