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L D (EFE) El plan, que tiene rango de Real Decreto, fija las emisiones de los sectores afectados por la normativa europea (generación eléctrica, refino de petróleo, siderurgia, cemento y cal, cerámica, vidrio y papel) y propone medidas en otros sectores como el transporte o la edificación.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley que traslada a la legislación española la Directiva europea sobre Comercio de Derechos de Emisión, considerado el "armazón legal" del Plan de Emisiones.
Las instalaciones incluidas en el plan tienen de plazo hasta el 30 de septiembre para solicitar las autorizaciones de emisión a las Comunidades Autónomas y los derechos correspondientes al Ministerio de Medio Ambiente. Los derechos se asignarán a cada instalación durante el último trimestre del año mediante resolución del Consejo de Ministros y previa consulta con las comunidades.
El Gobierno ha identificado 1.066 instalaciones incluidas en el plan: 192 en el sector de generación eléctrica, 10 en el de refino, 33 en el siderúrgico, 36 en el cementero, 26 en el de cal, 34 en el de vidrio, 309 en el de ladrillos y tejas, 20 en el de azulejos y pavimentos cerámicos, 21 en el de esmaltes, 151 en el papelero y 234 dedicadas a la cogeneración (generación de electricidad y calor para el uso de las propias industrias). La reducción en el número de instalaciones respecto al borrador sometido a consulta pública (1.097) se debe a la exclusión de pequeñas instalaciones del sector cerámico.
Esta medida se ha adoptado a solicitud del sector y aplicando una posibilidad contemplada en la propia Directiva europea que han utilizado otros países comunitarios. El objetivo del Gobierno es que las emisiones entre 2005 y 2007 se estabilicen en la media del periodo 2000-2002, con un incremento del 3,5 por ciento para los nuevos entrantes. El esfuerzo adicional para cumplir el Protocolo de Kioto y la Directiva europea deberá hacerse entre 2008 y 2012. Al final de ese periodo, las emisiones no deberán superar en más de un 24 por ciento las registradas en 1990.
España se había comprometido a que sus emisiones contaminantes no crecieran más del 15 por ciento, por lo que la diferencia se compensará con los llamados mecanismos de flexibilidad. El objetivo global es que las emisiones se sitúen en 400,7 millones de toneladas anuales en el periodo 2005-2007, un 0,2 por ciento menos que en 2002 (401,34 millones de toneladas). El plan asigna 160,28 millones de toneladas a los sectores afectados por la Directiva, incluyendo 5,42 millones de toneladas para nuevos entrantes. Esta cifra es menor a la avanzada en el borrador inicial - 161,25 millones de toneladas - por la mencionada exclusión de las pequeñas instalaciones cerámicas.
Por el contrario, la reserva para nuevos entrantes se ha incrementado desde el 3,2 al 3,5 por ciento de las emisiones del periodo de referencia (2000-2002). Además, se asignan 12,03 millones de toneladas para la cogeneración ligada a sectores no incluidos en la Directiva, como el químico, el textil o el alimentario. Según el Ministerio de Medio Ambiente, está prevista la constitución de mesas de diálogo social para garantizar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales en el seguimiento del plan.
