L D (EFE) Además, el Gobierno quiere eliminar la Prueba General de Bachillerato o "reválida" contemplada en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y recuperar una prueba única de acceso a la Universidad.
Propone además el MEC eliminar los "itinerarios" formativos que la Ley de Calidad de la Educación había introducido en tercer y cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria y reforzar el aprendizaje de asignaturas como las Matemáticas y el Inglés, llegando incluso al desdoblamiento de aulas para trabajar en grupos más reducidos.
La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, presentó este lunes a los responsables de las Comunidades Autónomas el documento "Una Educación de Calidad para todos y entre todos", que recoge los principales cambios que el Ejecutivo quiere recoger en el futuro proyecto de ley de reforma de la LOCE. San Segundo insistió en rueda de prensa tras la Conferencia Sectorial en que se trata de un documento abierto al debate que pretende provocar un debate social sobre el sistema educativo en el que se involucren, además de las instituciones públicas, todos los agentes de la comunidad educativa.
Doble dimensión de la Religión
Así, informó de que el Gobierno propone que la enseñanza de la Religión tenga una doble dimensión: una para todos los estudiantes, de carácter no confesional y que estaría entroncada en asignaturas como Filosofía o Historia; y otra confesional, en el marco de los acuerdos con las diferentes confesiones religiosas, que sería de oferta obligatoria para los centros pero de elección voluntaria para los alumnos. Esta asignatura -la confesional- no será computable a efectos académicos de nota media para el acceso a la Universidad ni a efectos de obtención de becas.
El Ministerio también ha previsto incorporar en el sistema educativo, aunque la ministra aclaró en la rueda de prensa que no será como alternativa a la Religión, una nueva área de "Educación para la Ciudadanía" obligatoria para todos los alumnos, aunque no está decidido si será una asignatura o estará entroncada en otras materias.
El Ministerio tiene previsto elevar una consulta al Consejo de Estado para saber si las familias o los alumnos que lo soliciten expresamente a título individual pueden renunciar a desarrollar las actividades alternativas a la enseñanza confesional (tales como juegos o estudio) y concretar así qué debe hacer un alumno mientras otro asiste a clase de Religión. En la actualidad, aproximadamente el setenta por ciento de los alumnos matriculados en centros sostenidos con fondos públicos (colegios públicos o concertados) eligen voluntariamente Religión Católica.
El mismo sistema educativo
Las propuestas del Gobierno no alterarían, como tampoco lo hizo la LOCE, la estructura del sistema educativo, que seguiría repartida en cuatro ciclos: Educación Infantil (0-6 años), Educación Primaria (6-12 años), Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) y Bachillerato (16-18 años). La educación infantil estaría repartida en dos ciclos (de 0 a 3 y de 3 a 6 años) y tendía carácter educativo, y no asistencial, en ambos.
Entre las novedades que se proponen, la ministra citó el establecimiento de medidas preventivas en educación primaria desde el momento en que se detecten dificultades en un alumno, y entre esas medidas se apuntan más horas de trabajo en los colegios, actividades complementarias, refuerzo en los meses de verano o repetir curso. El Gobierno prevé también programas flexibles para la atención a la diversidad en la ESO, como adaptar el currículo, desdoblar grupos en las materias optativas y apoyo específico a los alumnos con más dificultades.
También destacó la ministra la propuesta de diseñar un Bachillerato más flexible y que dé más posibilidades de elección a los alumnos, y en este ciclo el Ministerio tiene previsto incorporar una nueva materia de "formación científica"; el gobierno quiere que el título de Bachiller se obtenga al superar los dos cursos, y hacer después una prueba única de acceso a la Universidad.
Formación del profesorado
La LOCE establecía que el título de Bachiller estaba condicionado a la aprobación de los dos cursos y de la Prueba General de Bachillerato (reválida), y este examen condicionaba además el futuro ingreso a la universidad. El Ejecutivo, avanzó la ministra, quiere que se revise la formación inicial y permanente del profesorado, que se potencie la movilidad internacional; y elaborar un Estatuto de la Función Pública Docente; garantizar la escolarización equitativa de alumnos con dificultades (como inmigrantes) en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
San Segundo insistió en la conferencia en la importancia de abrir el debate a toda la comunidad educativa, y en especial de los profesores, los centros, los alumnos, las familias y los agentes sociales.